Seguridad, migración, crecimiento económico y reducción del tamaño del Estado fueron los ejes centrales de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. Sin embargo, entre Arica y Coquimbo el balance dejó sensaciones mixtas. Mientras autoridades oficialistas valoraron el foco en control fronterizo, combate al crimen organizado e incentivos a la inversión, parlamentarios de oposición cuestionaron la ausencia de anuncios regionales concretos para enfrentar problemas como el déficit habitacional, la crisis de la salud pública, el empleo y el desarrollo de infraestructura estratégica para el norte.
Uno de los aspectos mejor evaluados por representantes oficialistas fue el reforzamiento de la agenda de seguridad. El senador por Coquimbo, Sergio Gahona (UDI), destacó que el gobierno mantuviera como prioridad el combate al narcotráfico, el crimen organizado y el fortalecimiento de las policías. En una macrozona que concentra parte importante de los ingresos de droga, migración irregular y presencia de organizaciones criminales transnacionales, varios parlamentarios oficialistas sostuvieron que el discurso recogió una de las principales demandas ciudadanas.
Una evaluación similar realizaron dirigentes de Arica y Tarapacá, donde el fortalecimiento del Plan Escudo Fronterizo fue interpretado como una señal de continuidad respecto de las medidas de control migratorio anunciadas desde el inicio del gobierno. En estas regiones existe consenso transversal respecto de la necesidad de mantener presencia estatal permanente en la frontera, aunque persisten dudas sobre los recursos que serán destinados para cumplir esos objetivos.
Desde Antofagasta, en cambio, surgieron cuestionamientos respecto de la falta de anuncios específicos para una región que concentra buena parte de la producción minera nacional. El senador Esteban Velásquez (FRVS) había planteado previamente la necesidad de avanzar en descentralización efectiva, recuperación de recursos para las regiones productoras y soluciones para el déficit habitacional. Tras la Cuenta Pública, dirigentes regionales observaron que, pese a las referencias al crecimiento económico, no hubo compromisos concretos para abordar campamentos, vivienda ni infraestructura urbana.
El diputado Jaime Araya (IND-PPD) valoró las medidas destinadas a enfrentar al crimen organizado, pero insistió en que la seguridad requiere acciones permanentes y recursos estables para las policías, la Fiscalía y los sistemas de persecución patrimonial de organizaciones criminales. En sectores vinculados a la seguridad pública existe coincidencia en que el diagnóstico presidencial es compartido, aunque todavía existe expectativa respecto de la implementación efectiva de las medidas anunciadas.
Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, valoró la cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, dado que «pone a nuestra ciudad en el centro de la reactivación económica, lo que debe ser una oportunidad para nuestra ciudad y sus vecinos» por ser la ciudad «el motor económico de Chile.
«Desde Antofagasta estamos llamados a colaborar y facilitar este proceso, contribuyendo a que sus beneficios lleguen directamente a nuestros vecinos y vecinas”, dijo.
En Atacama, las críticas se concentraron en el ámbito económico. El diputado Juan Santana (PS) manifestó durante la jornada que el discurso estuvo marcado por un fuerte énfasis en ajustes fiscales y reducción del aparato estatal, pero sin señales claras respecto de empleo regional, fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas o nuevas inversiones públicas. La preocupación es compartida por dirigentes empresariales y gremiales que observan con atención los efectos que podrían tener los recortes sobre la actividad económica regional.
La senadora Yasna Provoste (DC) sostuvo que las regiones esperaban definiciones más concretas sobre salud, educación y desarrollo territorial. En particular, sectores de oposición cuestionaron que la Cuenta Pública dedicara escaso espacio a las listas de espera, la situación hospitalaria regional y las necesidades de financiamiento para servicios públicos que enfrentan alta demanda en las zonas mineras del norte.
Desde Coquimbo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó que el mensaje presidencial estuviera excesivamente concentrado en seguridad y control institucional, dejando en segundo plano materias relacionadas con crecimiento inclusivo, fortalecimiento de servicios públicos y apoyo a sectores medios. El parlamentario sostuvo que la ciudadanía espera soluciones concretas para problemas cotidianos que van más allá de la agenda de orden público.
Entre los dirigentes gremiales y autoridades regionales consultadas durante la jornada también surgió una observación transversal: la Cuenta Pública reconoció el papel estratégico del norte para la economía nacional, especialmente en minería, energía y logística, pero no anunció proyectos emblemáticos para Antofagasta, Atacama o Coquimbo que permitan visualizar un impacto directo en los territorios durante los próximos años.
En materia de migración, el discurso encontró mayor respaldo. Tanto autoridades oficialistas como parte de la oposición reconocieron que el control de las fronteras continúa siendo una demanda ciudadana relevante en la macrozona norte. No obstante, varios dirigentes advirtieron que el fenómeno requiere una estrategia complementaria que incluya integración social, fortalecimiento de servicios públicos y cooperación internacional.
A pocas horas de concluida la Cuenta Pública, el balance desde las regiones del norte muestra una conclusión compartida: Kast logró instalar con fuerza los ejes de seguridad, migración y disciplina fiscal, pero dejó abiertas interrogantes respecto de las inversiones, obras y programas que permitan responder a las demandas territoriales de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La principal crítica no apunta a lo que el Presidente dijo, sino a lo que muchos esperaban escuchar y finalmente no apareció en el discurso.



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