El futuro del corredor bioceánico no solo se está discutiendo en términos de comercio, inversiones y nuevas oportunidades para la Región de Antofagasta. A medida que avanza el proyecto que busca conectar Brasil con los puertos del norte de Chile, también comienza a tomar fuerza otra pregunta: ¿están preparados los terminales para enfrentar los nuevos riesgos asociados al aumento del movimiento de carga?

La preocupación fue planteada por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, en una reciente entrevista con Emol, donde advirtió que los puertos de la región podrían convertirse en un punto atractivo para organizaciones criminales que busquen trasladar drogas hacia los mercados de Asia-Pacífico.

Su advertencia adquiere especial relevancia para Antofagasta y Mejillones, considerando que ambos forman parte de la infraestructura portuaria que podría beneficiarse del aumento del intercambio comercial generado por el corredor.

El otro lado del corredor: más carga y nuevos desafíos

Castro Bekios explicó que una de las principales ventajas del corredor para el comercio también podría transformarse en un incentivo para el narcotráfico: la reducción de tiempos y costos de transporte.

De acuerdo con el fiscal, una conexión entre Brasil y los puertos del Pacífico permitiría ahorrar cerca de 10 días de viaje, evitar el paso por el Canal de Panamá y reducir costos en torno a un 30%.

Eso podría hacer que los terminales chilenos sean considerados por organizaciones criminales como una alternativa para sacar cargamentos ilícitos hacia Asia-Pacífico.

El persecutor puso especial atención en el prestigio de los puertos chilenos. Según explicó, estos podrían resultar atractivos para narcotraficantes precisamente porque tendrían menores niveles de riesgo y alerta que otros terminales de la región.

La advertencia no apunta necesariamente a que organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) busquen instalarse en Chile, sino a que podrían aprovechar la infraestructura y las rutas de transporte existentes para movilizar mercancías ilícitas.

La seguridad portuaria ya está en discusión

El planteamiento del fiscal coincide con una discusión que la senadora por Antofagasta, Paulina Núñez, ha llevado al Congreso durante este año.

En junio de 2026 ingresó al Senado un proyecto de ley impulsado por Núñez junto a los senadores Iván Flores, Carlos Kuschel, Iván Moreira y Cristián Vial, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad portuaria frente a acciones del crimen organizado. La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional.

La propuesta avanzó en agosto, cuando la Sala del Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto, que ahora continúa su revisión en comisión para recibir indicaciones y avanzar en su discusión en particular.

Durante la discusión, Núñez sostuvo que la frontera marítima también debe ser considerada dentro de las preocupaciones de seguridad del país y remarcó el papel estratégico de los puertos.

Para la senadora, el desafío no se limita a revisar físicamente los contenedores. Su propuesta considera medidas relacionadas con trazabilidad, prevención, registro, control de accesos, gestión de riesgos y coordinación entre organismos públicos y actores privados de la cadena logística.

¿Qué podría cambiar para Antofagasta?

El debate adquiere una dimensión regional debido al papel que cumplen los puertos de Antofagasta y Mejillones en la actividad minera y en el comercio exterior.

La propia Fiscalía ha advertido durante este año que el crimen organizado está poniendo atención no solo en las fronteras terrestres, sino también en la cadena logística y en el movimiento de mercancías. En agosto, Castro Bekios planteó que el desarrollo del corredor bioceánico hará necesario fortalecer la coordinación institucional, la trazabilidad de las cargas, la tecnología y la inteligencia financiera.

Además, en mayo el fiscal había señalado la necesidad de aumentar las capacidades de detección tecnológica y los recursos humanos destinados a la seguridad portuaria, mencionando particularmente la situación de los terminales del norte.

El escenario plantea así una particular paradoja para la región: el mismo corredor que busca convertir al norte en una plataforma logística internacional también podría aumentar el interés de las organizaciones criminales por esa infraestructura.

El desafío antes de que aumente el movimiento de carga

Para Antofagasta, el debate ocurre antes de que el corredor alcance todo su potencial. La discusión sobre seguridad portuaria, por lo tanto, se instala como una de las condiciones que deberán acompañar el crecimiento del comercio.

La propuesta impulsada por Núñez busca precisamente que los distintos actores de la cadena logística incorporen mayores herramientas de prevención, mientras que desde el Ministerio Público se ha insistido en anticipar los posibles fenómenos criminales asociados al nuevo flujo de mercancías.

Más allá de las proyecciones económicas, el desarrollo del corredor también obligará a mirar hacia el borde costero y preguntarse cuánto de esa nueva actividad podrá ser acompañada por tecnología, fiscalización y coordinación para mantener seguros los puertos que serán parte de esta conexión internacional.