La presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Provoste Campillay, escaló la controversia por el nombramiento de Cristián Muga Aitken como presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). La legisladora puso en duda que el abogado, designado por el Presidente José Antonio Kast, cumpla con los requisitos técnicos y legales que exige la normativa vigente para liderar la estatal.

El foco en el Artículo 5: ¿Cumple con la experiencia?

El núcleo de la impugnación sostenida por Provoste radica en la Ley N° 21.025, que modernizó el gobierno corporativo de ENAP. La senadora advirtió que los antecedentes públicos de Muga no permiten acreditar el cumplimiento del Artículo 5° de dicha ley, el cual establece requisitos estrictos para los directores.

Experiencia profesional: Acreditar un mínimo de ocho años de ejercicio en cargos de alta responsabilidad.

Nivel jerárquico: Dichas funciones deben haberse desempeñado en empresas de tamaño relevante o en niveles directivos del sector público.

«Los antecedentes disponibles no permiten verificar que el señor Muga cumpla con la experiencia profesional exigida para integrar —y menos aún presidir— el directorio de la principal empresa de hidrocarburos del Estado», enfatizó Provoste.

Acciones fiscalizadoras y riesgos legales

A instancias de la senadora, la Comisión de Minería y Energía acordó de manera unánime oficiar al Ministerio de Energía y a la Contraloría General de la República. El objetivo es que ambos organismos entreguen la documentación formal que respalde la idoneidad del nombramiento.

La advertencia de Provoste trasciende lo administrativo; Según la parlamentaria, una designación que no se ajuste a la ley no solo es ilegal, sino que expone a ENAP a riesgos de responsabilidad civil o penal ante eventuales acciones de terceros, debilitando la gobernanza de la compañía en un sector estratégico.

El factor Quintero-Puchuncaví: De defensor a presidente

Un punto de alta tensión en el debate es el vínculo previo de Muga con la estatal. Su trayectoria no destaca por la gestión corporativa o energía, sino por su rol como abogado defensor de seis exejecutivos de ENAP procesados por la crisis ambiental de 2018 en Quintero y Puchuncaví.

Para la senadora Provoste, este antecedente suma una capa de complejidad ética y política a la discusión sobre la idoneidad profesional, situando al Senado en una posición de vigilancia estricta sobre quién debe custodiar los intereses de la petrolera estatal.