Más de 600 niños, niñas y adolescentes de la Región de Antofagasta forman parte actualmente del Programa Mi Abogado, iniciativa de la Corporación de Asistencia Judicial que entrega representación jurídica especializada a menores que han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos.

Así lo explicó la abogada y coordinadora regional del programa, Loreto Puentes, quien detalló que la iniciativa trabaja con niños y adolescentes que residen en hogares de protección, víctimas de explotación sexual, trata de personas, situaciones de poli-victimización y otros casos de alta complejidad.

De pueblos a frontera

El programa tiene cobertura en toda la región y actualmente mantiene intervenciones en comunas como Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla y Taltal, atendiendo realidades muy distintas dependiendo del contexto territorial y social de cada localidad.

“Las vulneraciones se expresan de manera diferente según el territorio. En localidades pequeñas existen dificultades particulares asociadas a la protección de las víctimas, mientras que en zonas fronterizas o con alta presencia turística pueden aparecer fenómenos vinculados a explotación sexual o trata de personas”, explicó Puentes.

A diferencia de otras líneas de atención jurídica, el Programa Mi Abogado funciona mediante una representación integral compuesta por una triada profesional conformada por abogado, psicólogo y trabajador social, quienes elaboran una estrategia conjunta para cada caso.

Uno de los aspectos que ha cobrado creciente relevancia en los últimos años es la atención de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a diversidades sexuales o de género. Según datos entregados por la coordinadora regional, cerca del 2% de los casos atendidos actualmente corresponden a menores que forman parte de este grupo.

Puentes señaló que el trabajo comienza por garantizar el respeto a la identidad de cada niño o adolescente, incluyendo aspectos tan básicos como el uso de su nombre social en residencias, establecimientos educacionales y procesos judiciales.

“Lo primero es preguntarle cómo quiere ser tratado. Si nosotros no comenzamos respetando su identidad, difícilmente podremos representarlo adecuadamente ante el sistema”, indicó.

De tribunales a salud mental

La profesional explicó que muchas veces la intervención va más allá de los tribunales e implica coordinar acciones con residencias, establecimientos educacionales, equipos de salud mental y programas especializados para asegurar una protección efectiva de los derechos de los menores.

Entre las principales dificultades detectadas aparecen las barreras familiares, sociales e institucionales para comprender y respetar las identidades de género de niños y adolescentes, situación que puede profundizar vulneraciones previas.

En algunos casos, el acompañamiento incluye la derivación a programas especializados del sistema público de salud, como el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género que funciona en el Hospital Regional de Antofagasta y que atiende a niños y adolescentes entre los 3 y 17 años.

La coordinadora relató además experiencias donde el programa ha impulsado acciones judiciales para el cambio de nombre y sexo registral de adolescentes, procesos contemplados en la Ley de Identidad de Género y que pueden tramitarse ante tribunales de familia.

Uno de esos casos involucró a un adolescente que experimentaba altos niveles de ansiedad al utilizar su cédula de identidad debido a que su documentación no reflejaba su identidad de género. Tras un proceso de acompañamiento psicológico y jurídico, el tribunal acogió la solicitud y autorizó la emisión de una nueva cédula de identidad.

“Fue un cierre muy importante para él. Son procesos largos que requieren apoyo profesional y familiar, pero que pueden significar un cambio profundo en la calidad de vida de los adolescentes”, señaló Puentes.

Desde la Corporación de Asistencia Judicial destacaron que el objetivo principal del programa es garantizar el acceso efectivo a la justicia y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad, mediante un enfoque interdisciplinario que considere sus realidades personales, familiares y culturales.