El Presidente José Antonio Kast reconoció este lunes un error de su Gobierno por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y asumió responsabilidad política. Ante las víctimas y sus familias, dijo que “el Estado les falló” y calificó la situación como “profundamente dolorosa” e “inaceptable”. Aunque su intervención fue presentada como una disculpa, el Mandatario no anunció la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, lo mantuvo en el cargo y le encargó liderar las medidas para corregir lo ocurrido.

Kast anunció la suspensión de la tramitación de nuevas rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores, una revisión caso a caso de los decretos ya dictados y un proyecto de ley para cerrar las interpretaciones que permitieron conceder esos beneficios. La controversia se originó tras conocerse que el Ministerio de Justicia había firmado 56 decretos entre marzo y septiembre: 27 por abuso sexual y 29 por violación contra menores.

Antofagasta: fiscalización y cambios a la ley

Desde Antofagasta, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), había oficiado al ministro Rabat para pedir los antecedentes considerados en las decisiones y anunció una propuesta para eliminar una excepción legal que permitía acceder a rebajas en determinados casos. “Las leyes deben proteger a las personas más vulnerables”, sostuvo, al plantear que se debía esclarecer cómo se otorgaron los beneficios y corregir la normativa.

El senador por la región Pedro Araya (PPD) también impulsó, junto a parlamentarios de distintas bancadas, una iniciativa para asegurar que se aplique la exclusión del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores. En su llamado a respaldar el proyecto, señaló que la necesidad de poner a las víctimas en primer lugar debía estar por sobre las diferencias políticas.

Atacama y Coquimbo: cuestionamientos y respaldo a la suspensión

El diputado por Atacama Jaime Mulet (FRVS) cuestionó que las rebajas se concedieran administrativamente y sin intervención judicial previa. “Es extremadamente grave”, afirmó, y anunció que evaluaba impulsar una interpelación al ministro de Justicia para que explicara el criterio aplicado.

En Coquimbo, el diputado Bernardo Salinas (PC) pidió al Ejecutivo explicar la señal que transmitía al conceder los beneficios. “Tiene que explicar por qué tomó esta decisión, que es política”, dijo. En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) informó que sus equipos jurídicos estudiaban una acusación constitucional contra Rabat, al estimar que había indicios de que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales.

Desde el Gobierno en la región, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Coquimbo, Rudy Rivera, respaldó la suspensión de nuevos decretos y pidió poner a las víctimas en el centro de la respuesta institucional. “Entendemos la preocupación y la angustia que esta situación genera en las víctimas de violencia sexual y sus familias”, señaló. La autoridad apoyó además las iniciativas legislativas para evitar que se repitan estas situaciones.

Así, las reacciones de parlamentarios y autoridades regionales han puesto el foco desde el norte en la revisión de los decretos, la responsabilidad política del ministro y el alcance de los cambios legales. También queda por aclarar si las medidas anunciadas podrán afectar los beneficios ya concedidos: la suspensión, por sí sola, detiene nuevos trámites, pero no revoca automáticamente las rebajas anteriores.