De acuerdo con el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, la Región de Coquimbo registró 24 víctimas fatales entre enero y junio de 2026, lo que representa siete casos más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento elevó la tasa regional de 1,9 a 2,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicando a la zona bajo estrecha observación institucional.

A nivel país, las cifras muestran un panorama opuesto: se contabilizaron 472 víctimas en el primer semestre, equivalente a una tasa nacional de 2,3 por cada 100 mil habitantes. Esto representa una reducción del 11,5% respecto a igual lapso de 2025, consolidando una curva descendente tras el peak histórico registrado en 2022. No obstante, el caso de Coquimbo llama la atención al superar en número absoluto de víctimas a regiones tradicionalmente asociadas a mayores índices de criminalidad en el norte grande, como Antofagasta y Arica y Parinacota.

Transformación del delito: Más armas de fuego y contextos organizados

El análisis detallado del informe no sólo advierte sobre el aumento cuantitativo, sino también sobre un cambio cualitativo en la naturaleza de los crímenes perpetrados en la región:

• Mayor poder de fuego: La seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, María José Duarte, precisó que el 58,3% de las víctimas perdió la vida a causa de disparos con armas de fuego, mientras que el 62,5% de los hechos de sangre se perpetraron en la vía pública.

• Vínculos con actividades delictivas: Por primera vez en la medición nacional, los asesinatos asociados a delitos o grupos organizados se convirtieron en la categoría principal del país (41,3%). En Coquimbo esta tendencia se acentúa aún más, ya que el 54,2% de los homicidios del primer semestre ocurrió en un contexto vinculado a delitos o grupos organizados, superando ampliamente el promedio histórico regional de la última década (que bordea el 40%). Por su parte, los conflictos interpersonales representaron el 33,3% de los casos.

Frente a estas cifras, la seremi Duarte llamó a evitar lecturas simplistas: “Es necesario precisar que esta categoría es más amplia que el concepto estricto de crimen organizado. Por lo tanto, no se puede afirmar que todos esos hechos correspondan a narcotráfico, ajustes de cuentas o disputas entre bandas. Esa calificación depende de los antecedentes de cada investigación dirigida por el Ministerio Público”, puntualizó, reconociendo de todos modos la urgencia de endurecer el control de armas y la persecución penal.

Perspectivas técnicas y el fenómeno de las bandas criminales

Desde la vereda académica y jurídica, diversos expertos han aportado matices sobre el verdadero alcance de estas cifras estadísticas en la zona.

El abogado y exfiscal regional Adrián Vega señala que, al mirar la serie histórica de ocho años, la tasa de homicidios en Coquimbo suele oscilar entre 2,5 y 3,5 por cada 100 mil habitantes, por lo que el primer semestre de 2024 operó más bien como una baja anómala, retornando los registros actuales a los rangos habituales de la zona. Sin embargo, advierte que el componente de criminalidad organizada o vinculada a bandas es el elemento más delicado y al que se debe poner atenta lupa mediante mapas de calor y análisis territorial focalizado.

En la misma línea, el general (r) de Carabineros y experto en criminología Jorge Tobar llama a la cautela antes de decretar un quiebre definitivo en las tendencias de seguridad: “El homicidio es un indicador de alta volatilidad y suele ocurrir que, durante procesos de reducción sostenida, existan repuntes que no necesariamente significan un cambio de tendencia”. Tobar recuerda además que el fenómeno criminal en la región tiene expresiones particulares, como los cultivos ilegales de marihuana (narcocultivo) concentrados históricamente en la provincia de Choapa, lo que exige estrategias diferenciadas de acción rural y urbana.

Estrategias de contención y respuesta gubernamental

Ante el escenario planteado durante los primeros seis meses del año, el Ejecutivo anunció el reforzamiento y focalización de las policías y ministerios sectoriales a través de distintas líneas de acción:

• Ampliación del Plan Calles sin Violencia: Se intensificarán los operativos en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle, principales focos de concentración demográfica y delictual.

• Fiscalizaciones interinstitucionales: El plan contempla incrementar los controles carreteros estratégicos, la fiscalización de armas de fuego en circulación, el comercio irregular y los patrullajes preventivos dinámicos en puntos críticos.

• Control territorial coordinado: Las autoridades reiteran que el objetivo central del segundo semestre es contener el alza de los indicadores, aumentar la tasa de esclarecimiento de delitos y retirar armamento ilegal de las calles, articulando de manera permanente el trabajo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.