Una denuncia presentada por un usuario fue el punto de partida de una investigación que terminó con un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento de la sucursal de Farmacia Ahumada ubicada en Avenida Balmaceda N.º 2408, en Antofagasta.

La fiscalización, encabezada por la Seremi de Salud, permitió confirmar una práctica conocida como «canela», prohibida por el Código Sanitario y la Ley de Fármacos por afectar la libertad de elección de los pacientes al momento de adquirir sus medicamentos.

La medida fue confirmada por el seremi de Salud, Rodrigo Medina, quien explicó que la investigación comenzó tras una denuncia ingresada por un ciudadano a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la autoridad sanitaria. A partir de ese antecedente, funcionarios de la Unidad de Profesiones Médicas y Farmacias realizaron una inspección en el establecimiento, donde reunieron antecedentes que respaldaron la denuncia.

Una denuncia ciudadana dio origen a la investigación

El caso se inició luego de que un usuario alertara a la Seremi de Salud sobre posibles irregularidades en la forma en que la farmacia ofrecía determinados medicamentos a sus clientes.

Tras recibir la denuncia, fiscalizadores acudieron al recinto para revisar tanto el funcionamiento del establecimiento como documentación interna relacionada con el sistema de incentivos para sus trabajadores.

Durante la inspección solicitaron las liquidaciones de sueldo de seis auxiliares de farmacia. La revisión permitió detectar la existencia de bonos denominados «beneficio cliente» y «PAI», incentivos económicos que, según la autoridad sanitaria, estaban vinculados directamente a la promoción de ciertos productos por sobre otros.

De acuerdo con la investigación, estos beneficios económicos incentivaban a los trabajadores a orientar la compra hacia medicamentos específicos, incluso desalentando la adquisición del fármaco originalmente solicitado por el cliente.

La práctica conocida como «canela»

Según explicó el seremi de Salud, Rodrigo Medina, la conducta detectada corresponde a una práctica conocida en el rubro farmacéutico como «canela», la cual está expresamente prohibida por el artículo 100 del Código Sanitario.

Esta modalidad consiste en informar al cliente que el medicamento solicitado no está disponible o persuadirlo para reemplazarlo por otro producto que resulte más conveniente para la farmacia, ya sea por acuerdos comerciales o por incentivos internos.

La autoridad recordó que el rol del auxiliar de farmacia es distinto. Cuando un medicamento no se encuentra disponible, el trabajador debe informar todas las alternativas existentes y sus respectivos valores para que sea el propio usuario quien tome una decisión de manera libre e informada.

La legislación vigente busca precisamente evitar que criterios comerciales interfieran en la dispensación de medicamentos, especialmente cuando existen distintas alternativas terapéuticas disponibles para el mismo tratamiento.

Fiscalización detectó cómo operaba el sistema

Además de revisar la documentación laboral, los inspectores observaron el funcionamiento del sistema computacional utilizado en las cajas de venta.

Durante la fiscalización constataron que, al ingresar el medicamento solicitado por el cliente, la pantalla mostraba en primer lugar el producto requerido, pero inmediatamente debajo aparecía una alternativa que la farmacia buscaba comercializar preferentemente.

Para la autoridad sanitaria, este mecanismo reforzaba la estrategia de incentivar la venta de determinados medicamentos, una práctica que la Ley de Fármacos buscó eliminar para garantizar mayor transparencia y proteger los derechos de los consumidores.

El hallazgo fue considerado uno de los antecedentes relevantes que respaldan el inicio del proceso sancionatorio.

Sumario sanitario y prohibición de funcionamiento

Con los antecedentes recopilados durante la inspección, la Seremi de Salud resolvió iniciar un sumario sanitario contra la farmacia y decretó la prohibición de funcionamiento del establecimiento.

Esto significa que la sucursal no podrá retomar sus actividades hasta acreditar que corrigió las observaciones formuladas por la autoridad sanitaria y que cumple plenamente con la normativa vigente.

En paralelo, el proceso administrativo permitirá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer las eventuales sanciones económicas.

Según informó el seremi Rodrigo Medina, las multas contempladas por la legislación pueden fluctuar entre una décima y hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad de las infracciones que finalmente se acrediten.

Un caso que se suma a recientes sanciones en el país

La investigación en Antofagasta ocurre pocos días después de que el Instituto de Salud Pública (ISP) sancionara a tres farmacias de la Región Metropolitana por incurrir en prácticas similares relacionadas con la promoción preferente de determinados medicamentos.

Desde la autoridad sanitaria reiteraron que este tipo de fiscalizaciones continuará desarrollándose para verificar el cumplimiento de la Ley de Fármacos y resguardar que los pacientes reciban información objetiva al momento de adquirir sus tratamientos.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación que considere irregular a través de los canales oficiales de la Seremi de Salud, ya que las denuncias ciudadanas constituyen una herramienta clave para detectar incumplimientos y fortalecer la fiscalización del sistema farmacéutico.