La decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de conceder rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad desató una controversia que también tiene protagonistas en el norte del país. Parlamentarios vinculados a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo han quedado involucrados en una discusión que enfrenta la interpretación jurídica del Ejecutivo con las exigencias de protección a las víctimas y el cumplimiento efectivo de las penas.

La polémica estalló luego de que una investigación de Interferencia revelara que, entre marzo y septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos de reducción de condenas: 29 correspondientes a personas sentenciadas por violación y 27 por abuso sexual contra menores. Los beneficios fueron concedidos administrativamente, pese a que una reforma legal de 2022 estableció restricciones para estos delitos. Aunque políticamente se ha hablado de indultos, jurídicamente se trata de rebajas de condena.

Paulina Núñez exige explicaciones

Una de las primeras reacciones desde el norte fue la de la senadora por Antofagasta y presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, solicitando los antecedentes utilizados para conceder los beneficios.

La parlamentaria sostuvo que, aun cuando las resoluciones se fundamenten en disposiciones legales, corresponde esclarecer cómo se adoptaron las decisiones y qué autoridades participaron. Además, impulsó una iniciativa para reforzar los requisitos de fundamentación y control de estas rebajas.

Desde la misma región, el senador Pedro Araya figura entre los parlamentarios que impulsan una iniciativa transversal destinada a asegurar la aplicación efectiva de las restricciones para condenados por delitos sexuales contra menores.

La propuesta, anunciada por el senador Arturo Squella, también involucra a Andrés Longton, Iván Flores y Karim Bianchi, reflejando que el cuestionamiento ha superado las diferencias entre oficialismo y oposición.

Atacama y el debate por la seguridad

El senador Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, también cuestionó la contradicción entre el discurso gubernamental de mano dura contra la delincuencia y la reducción de penas a responsables de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Su intervención incorpora una dimensión política al debate: hasta qué punto las decisiones administrativas del Ministerio de Justicia son coherentes con las prioridades de seguridad pública anunciadas por La Moneda.

Otro de los cuestionamientos provino del diputado Jaime Mulet, quien calificó estas reducciones como una suerte de “indulto parcial” encubierto. La expresión refleja el rechazo político a los beneficios, aunque no modifica su naturaleza jurídica. En paralelo, la oposición anunció gestiones para interpelar al ministro Rabat y exigir explicaciones sobre el cambio de criterio aplicado por su cartera.

Gobierno defiende legalidad y Suprema marca distancia

El ministro Fernando Rabat defendió las resoluciones argumentando que su cartera aplicó criterios establecidos por la Corte Suprema para delitos cometidos antes de la modificación legal de febrero de 2022.

Desde La Moneda, el subsecretario-vocero Gonzalo Arenas rechazó que existiera una intención de favorecer a delincuentes sexuales y sostuvo que el Ejecutivo actuó conforme a la normativa. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que fue el ministro quien dictó los decretos en ejercicio de sus facultades.

La discusión jurídica se profundizó luego de conocerse fallos del máximo tribunal que respaldaron la exclusión de condenados por delitos sexuales cometidos antes de 2022. Estos antecedentes cuestionan que existiera una interpretación judicial única que obligara al Gobierno a conceder las rebajas. La controversia se extendió además a la reducción de condenas de internos de Punta Peuco sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La Defensoría de la Niñez también manifestó su rechazo, advirtiendo un retroceso en la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes. El organismo solicitó esclarecer los fundamentos de las decisiones y los resguardos adoptados respecto de las víctimas. Mientras tanto, parlamentarios de distintos sectores anunciaron iniciativas para impedir que condenados por estos delitos accedan a beneficios mediante interpretaciones de legislaciones anteriores.

Para las regiones del norte, la controversia abre un nuevo espacio de fiscalización parlamentaria sobre las políticas de seguridad y justicia.

Con representantes de Antofagasta y Atacama interviniendo en el debate, la discusión ya no se limita a determinar si las rebajas fueron legales, sino también a establecer quién asumió la responsabilidad de concederlas, qué garantías existen para las víctimas y si el Congreso conseguirá cerrar las interpretaciones legales que permiten reducir el tiempo efectivo de cumplimiento de condenas por delitos sexuales contra menores.