Una reforma que podría modificar las reglas de la competencia electoral en Chile comienza a instalarse en la discusión política. Desde Antofagasta, la senadora Paulina Núñez (RN) abordó, en entrevista con Timeline, los alcances del denominado proyecto de las inhabilidades, una iniciativa que busca flexibilizar las restricciones que actualmente impiden a determinadas autoridades elegidas democráticamente postular a otros cargos de representación popular.

La parlamentaria aseguró que la propuesta ha despertado interés entre alcaldes y explicó que su objetivo central es ampliar las posibilidades de participación electoral. «Lo que busca es que todas las autoridades elegidas democráticamente puedan ir a todos los cargos elegidos democráticamente», sostuvo Núñez, al referirse a los cambios que se pretenden impulsar.

La barrera legal que hoy impide a los parlamentarios renunciar

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la posibilidad de que diputados y senadores puedan dejar sus cargos para competir en elecciones municipales, regionales o parlamentarias, según corresponda. Actualmente, el artículo 60 de la Constitución establece que los parlamentarios no pueden renunciar a sus escaños, salvo cuando una enfermedad grave les impida desempeñar sus funciones y así lo califique el Tribunal Constitucional. En consecuencia, un senador o diputado no puede abandonar voluntariamente su mandato para competir por una alcaldía.

A esta limitación se suman las inhabilidades contempladas en el artículo 57 de la Constitución y otras disposiciones electorales, que establecen restricciones para determinadas autoridades que buscan acceder a cargos de representación popular. En el caso municipal, existen también reglas específicas sobre incompatibilidades, requisitos de elegibilidad y plazos para postular a otros cargos.

Núñez explicó que la reforma pretende abordar estas diferencias y revisar los períodos de inhabilidad. Entre las alternativas en discusión se encuentra reducir ciertos plazos de un año a períodos menores, así como modificar restricciones que afectan a alcaldes interesados en competir electoralmente en otras comunas.

La propuesta podría tener consecuencias en la configuración de las candidaturas municipales y parlamentarias, especialmente en regiones como Antofagasta, donde abriría nuevas posibilidades de competencia entre autoridades locales y representantes del Congreso. Sin embargo, su aplicación dependerá de las modificaciones constitucionales y legales que finalmente se acuerden.

El factor político: apoyos de alcaldes y la urgencia de alcanzar acuerdos

En su conversación con Timeline, la senadora sostuvo que el tema ha cobrado fuerza a partir de las conversaciones con distintas autoridades, particularmente alcaldes, aunque no identificó públicamente a quienes respaldan la propuesta ni detalló un acuerdo legislativo formal.

La parlamentaria también reconoció que existen materias sensibles que deberán resolverse, entre ellas el reemplazo de los congresistas que eventualmente renuncien para competir por otros cargos. Actualmente, la Constitución contempla mecanismos de reemplazo de parlamentarios que dejan vacantes sus escaños, con participación de los partidos políticos en los casos establecidos por la normativa.

Respecto de los tiempos legislativos, Núñez advirtió que cualquier modificación al sistema electoral debería discutirse con suficiente distancia de las elecciones, para evitar que las nuevas reglas sean interpretadas como cambios destinados a favorecer candidaturas específicas. «En todas estas cuestiones que son de sistema electoral, o sea, de elecciones, lo más alejado de las elecciones posibles», afirmó.

La senadora planteó como horizonte alcanzar al menos una presentación formal y un acuerdo político hacia marzo. No obstante, la iniciativa todavía enfrenta interrogantes sobre su respaldo transversal, el alcance definitivo de las modificaciones y los mecanismos que permitirían compatibilizar la movilidad electoral de las autoridades con el cumplimiento de los mandatos otorgados por los votantes.

Más allá de sus eventuales efectos en las próximas elecciones, la discusión instala una pregunta política de fondo: si una autoridad elegida por la ciudadanía debe estar obligada a completar su mandato o si corresponde permitirle renunciar para competir por otro cargo. Una definición que podría alterar las estrategias electorales de los partidos y abrir una nueva disputa por alcaldías, gobiernos regionales y escaños parlamentarios.