La crisis del sistema de salud chileno ha alcanzado niveles de máxima alerta en el norte del país. Diputadas y diputados de oposición se reunieron de urgencia este martes con los principales dirigentes gremiales de la Región de Coquimbo para manifestar su total respaldo frente al drástico ajuste fiscal que está ejecutando el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La cita tuvo como eje central reactivar de forma prioritaria la solicitud de una sesión especial en la Cámara de Baja, ingresada originalmente por la diputada Nathalie Castillo, con el propósito de obligar al Ejecutivo a transparentar el impacto territorial del controvertido Decreto 333 del Ministerio de Hacienda.

Los parlamentarios advierten que la política de austeridad implementada desde el Palacio de La Moneda pone en riesgo inminente la continuidad de la red pública, las condiciones laborales de miles de funcionarios y la dignidad en la atención de los usuarios más vulnerables de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.

19 mil millones menos para los consultorios

De acuerdo con la información técnica expuesta por los dirigentes y ampliamente difundida por los medios de comunicación nacionales, el ajuste fiscal de la administración del Presidente Kast representa un golpe estructural al corazón de la salud municipalizada. El Decreto 333 de Hacienda concreta un recorte nacional directo de 19 mil millones de pesos destinados exclusivamente a la Atención Primaria de Salud (APS).

• Áreas críticas desfinanciadas: Esta masiva reducción de fondos congela y desmantela el presupuesto del programa de Apoyo a la Gestión Local, los planes piloto de Universalización de la APS, el Fondo de Farmacia (Fofar) y múltiples proyectos de reposición de infraestructura asistencial.

• El factor tributario: A esta supresión directa de recursos se suma la profunda preocupación gremial por la exención del pago de contribuciones impulsada por el Gobierno de Kast. Los analistas y parlamentarios advierten que esta medida debilitará los ingresos del Fondo Común Municipal, impactando en una rebaja de los aportes que las municipalidades inyectan anualmente a sus consultorios y CESFAM.

Postrados, oncología y salud mental desprotegidos

Durante el encuentro en la zona, los legisladores de oposición y los representantes gremiales acordaron una agenda de fiscalización conjunta. La diputada Nathalie Castillo (PC) enfatizó la urgencia de visibilizar la precarización que viven los recintos locales.

“Nos ponemos a disposición de los trabajadores, pero a la vez como diputados de oposición vamos a seguir exigiendo al Ministerio de Salud que transparente de qué se trata este recorte y cómo va a afectar a través de una sesión especial”, declaró Castillo, cuya iniciativa busca captar las 52 firmas reglamentarias (acumula 14 a la fecha).

Por su parte, la diputada Carolina Tello (FA) detalló que el recorte afecta las fibras más sensibles de la comunidad regional, dejando en total desventaja financiera a las unidades de oncología, los programas de salud mental y el desarrollo del recurso humano. En una línea aún más dura, el diputado Bernardo Salinas (IND-PC) denunció que el ajuste del Ejecutivo golpea directamente a más de 40 programas sanitarios esenciales, ensañándose con el presupuesto para insumos médicos y la atención domiciliaria de pacientes postrados.

CONFUSAM y AFUSAM declaran la guerra al Decreto 333

El malestar en las bases de los trabajadores de la salud es total y se suma a la tensión ya acumulada en el sector. Carlos Fuster, presidente de la AFUSAM de La Serena, recordó que el norte chico ya venía sufriendo las consecuencias de un congelamiento del per cápita en la atención primaria durante los últimos dos años. «Estos recortes traen una problemática mucho mayor que va a afectar directamente a los usuarios de la comuna», alertó el dirigente.

El cierre de filas regional fue ratificado por Rodrigo Bustamante, presidente de la CONFUSAM Coquimbo, quien hizo un llamado abierto a la ciudadanía a informarse y movilizarse contra las directrices económicas de la administración central. Los gremios de la atención primaria y secundaria decretaron un estado de alerta permanente, manifestando un rotundo «No al Decreto 333» y advirtiendo que la defensa del presupuesto de salud se trasladará a las calles del norte si el Gobierno no revierte la rebaja presupuestaria.