César Márquez, ingeniero civil industrial de 45 años y exgerente de Presupuesto y Control de Gestión de la cuprera estatal, presentó una demanda laboral contra la empresa tras su desvinculación y, por primera vez, entregó su versión de los hechos en una extensa entrevista concedida a Diario Financiero.

El exejecutivo, quien desarrolló toda su carrera profesional al interior de la minera durante dos décadas, rechaza haber cometido irregularidades y sostiene que las decisiones relacionadas con la producción cuestionada eran plenamente conocidas por la administración superior de la empresa. Su declaración abre un nuevo frente en una investigación que ya había escalado desde una indagatoria interna hasta una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Para el norte del país, donde Codelco constituye el principal actor económico y productivo, el desarrollo de esta causa resulta especialmente relevante. Las divisiones involucradas en el caso corresponden precisamente a operaciones ubicadas en la Región de Antofagasta, donde la estatal concentra parte importante de su producción y empleo directo e indirecto.

Un ejecutivo con dos décadas en Codelco que rechaza las acusaciones

Según relata el propio Márquez, ingresó a Codelco en 2005 como memorista y posteriormente desarrolló una carrera ascendente que incluyó funciones en las divisiones Radomiro Tomic y Chuquicamata antes de asumir responsabilidades corporativas en Santiago relacionadas con el control de gestión operacional y, posteriormente, la gerencia de Presupuesto y Control de Gestión.

Su salida se produjo en mayo de este año, luego de que fuera apuntado como uno de los principales responsables de una supuesta contabilización irregular de aproximadamente 20 mil toneladas de óxidos correspondientes a Chuquicamata, dentro de un total cercano a 27 mil toneladas investigadas por la empresa.

La investigación interna fue encabezada por un comité especializado liderado por Tamara Agnic, instancia que posteriormente derivó antecedentes al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades.

Sin embargo, el exgerente sostiene que nunca actuó al margen de los procedimientos internos y que las cifras hoy cuestionadas respondían a una metodología conocida por los niveles superiores de la organización. En su defensa, asegura que tanto el presidente del directorio de la época, Máximo Pacheco, como el presidente ejecutivo Rubén Alvarado, estaban al tanto de la situación operacional.

Representado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, Márquez busca ahora que la justicia laboral determine si su despido fue injustificado y si existieron vulneraciones a sus derechos durante el proceso que culminó con su desvinculación.

Más allá del resultado de esa acción judicial, sus declaraciones introducen un elemento que podría influir en las investigaciones actualmente en desarrollo: si efectivamente existía conocimiento institucional sobre los criterios utilizados para registrar esa producción, la discusión podría desplazarse desde una eventual responsabilidad individual hacia la revisión de procesos internos de gestión y control.

Un caso con alto impacto para Antofagasta y la principal empresa minera del país

El conflicto adquiere una dimensión especial para la Región de Antofagasta. Las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic representan dos de los principales complejos mineros del país y constituyen un motor económico para miles de trabajadores, empresas contratistas y proveedores locales.

Cualquier controversia relacionada con sus procesos productivos genera repercusiones que trascienden el ámbito corporativo. La confianza en los sistemas de control de Codelco resulta clave para el mercado del cobre, para la relación con inversionistas y también para las finanzas públicas, considerando que la estatal continúa siendo el principal aporte individual de recursos al Estado de Chile.

El caso también vuelve a instalar el debate sobre la gobernanza de las empresas públicas y la trazabilidad de la información estratégica relacionada con producción, inventarios y planificación minera. La discusión ya no solo apunta a determinar si existió una sobreproducción irregular, sino también a establecer quién conocía los antecedentes, cómo fueron reportados y bajo qué criterios fueron aprobados.

En paralelo, el avance de la investigación del Ministerio Público y de las acciones judiciales impulsadas por el exejecutivo mantendrán este caso entre los principales focos de atención del sector minero durante los próximos meses.

Para una región cuya economía depende fuertemente del desempeño de Codelco, el desenlace de esta controversia no solo tendrá efectos legales para los involucrados, sino que también podría marcar un precedente respecto de los estándares de control, transparencia y responsabilidad en la principal empresa estatal del país.