La nueva Ley Integral de las Personas Mayores, o de envejecimiento, comenzó a regir en Chile en junio de 2026 en medio de un fenómeno que ya impacta con fuerza a las regiones de Antofagasta y Atacama. Aunque ambas siguen siendo de las zonas más jóvenes del país, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el envejecimiento avanza aceleradamente. En Chile, las personas de 65 años o más representan el 14% de la población, mientras el índice nacional de envejecimiento llegó a 79 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

En la Región de Antofagasta, donde fueron censadas 635.416 personas, el índice de envejecimiento alcanzó 49,3 adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes, prácticamente el triple de lo registrado en 1992. Aunque sigue siendo una de las regiones más jóvenes del país, el crecimiento de la población mayor de 60 años alcanzó un 30,7% entre 2017 y 2024, según la Delegación Antofagasta.

La situación es aún más marcada en Atacama. Estudios basados en el Censo 2024 muestran que la población de 60 años y más aumentó un 32,4% respecto de 2017, mientras que el grupo de 80 años y más creció un 30,5%, reflejando una demanda creciente por cuidados, salud especializada y apoyo social en ciudades como Copiapó, Vallenar y Chañaral. 

Salud

El primer beneficio de la ley es el reconocimiento de derechos. Las personas mayores pasan a tener garantías explícitas en salud, participación social, educación, vivienda, acceso a la justicia, autonomía y protección frente al abandono. Esto obliga a municipios, servicios públicos y gobiernos regionales a incorporar el envejecimiento como un eje permanente de sus políticas. (Instituto Nacional de Estadísticas)

El segundo beneficio apunta a la salud. En Antofagasta, Calama, Copiapó y el resto del norte, los hospitales y la atención primaria deberán avanzar hacia sistemas preferentes para personas mayores, con foco en enfermedades crónicas, salud mental, rehabilitación y dependencia, áreas que concentran una parte creciente de la demanda sanitaria.

Chile Cuida maneja $160 millones

El tercer beneficio es el fortalecimiento de los cuidados. El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, dispone para 2026 de un presupuesto cercano a $160 mil millones, recursos destinados a apoyo domiciliario, cuidadores, redes comunitarias y atención de personas dependientes. Una parte importante de esos recursos se focaliza en personas mayores que viven solas o presentan dependencia funcional.

El cuarto beneficio es la protección residencial. A nivel nacional, el programa de Residencias Comunitarias para Personas Mayores cuenta con más de $16 mil millones para financiar plazas protegidas y atención especializada. En regiones extensas y dispersas como Antofagasta y Atacama, este tipo de infraestructura aparece como uno de los desafíos más relevantes de la próxima década.

El quinto beneficio es el apoyo a organizaciones sociales. A través del Fondo Nacional del Adulto Mayor, clubes, uniones comunales y organizaciones regionales pueden acceder a financiamiento que va desde poco más de $1 millón hasta $8 millones por proyecto, permitiendo desarrollar talleres, actividades recreativas, capacitación y fortalecimiento comunitario.

PGU como ingreso permanente

La ley también se complementa con la Pensión Garantizada Universal. Durante 2026, los beneficiarios de mayor edad pueden recibir hasta $250.275 mensuales, mientras otros tramos acceden a montos cercanos a $231 mil. Para miles de jubilados del norte, estos recursos constituyen una parte fundamental de sus ingresos permanentes.

Las cifras del Censo muestran que el norte envejece más rápido de lo que crecen sus servicios especializados, por lo que la nueva legislación aparece no solo como una reforma social, sino como una herramienta clave para preparar a las regiones mineras frente a uno de los mayores cambios demográficos de su historia. Con mirada pública, pero también privada con las mega industrias que han transformado los territorios en negocios de atractivas ganancias a costa del sacrificio ambiental de sus habitantes.