Un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) identificó que Tarapacá y Antofagasta forman parte de las regiones analizadas, donde miles de niños crecen en campamentos. La investigación advierte una paradoja: mientras más tiempo permanecen las familias en estos asentamientos, mejoran su acceso a salud, educación y ayudas estatales, pero también aumentan los riesgos asociados a la violencia, las drogas y la delincuencia.

Los campamentos dejaron hace tiempo de ser una solución habitacional transitoria y hoy se han convertido en el hogar permanente de miles de familias en el norte de Chile. Esa es una de las principales conclusiones del nuevo estudio elaborado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), que analizó la realidad de 413 cuidadores de niños que viven en campamentos de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, la Región Metropolitana y Biobío.  

1.428 campamentos donde viven 120.584 familias 

La investigación sostiene que actualmente existen 1.428 campamentos en el país, donde viven 120.584 familias y 84.059 niños, niñas y adolescentes, una realidad que afecta directamente a ciudades del norte como Iquique y Antofagasta, incluidas dentro de la muestra estudiada.  

Uno de los aspectos más novedosos del informe es que el tiempo de permanencia en un campamento genera un fenómeno que los investigadores denominan un “doble vínculo”. A medida que pasan los años, las familias logran incorporarse con mayor facilidad al Registro Social de Hogares, reciben beneficios estatales y mejoran la asistencia escolar y el acceso a salud. Sin embargo, esa misma permanencia incrementa la exposición cotidiana de los niños a entornos marcados por el narcotráfico, el consumo de drogas, la violencia y las actividades ilícitas.  

Los cuestionarios respondidos por los cuidadores muestran cifras preocupantes. Por cada año adicional viviendo en un campamento, aumenta entre un 24% y un 30% la probabilidad de que los menores estén expuestos al consumo de alcohol y drogas, personas en situación de calle, peleas con armas o participación de niños en actividades delictivas. Asimismo, la percepción de inseguridad de los propios cuidadores crece un 33% por cada año de permanencia.  

Contaminación, plagas, escasez de áreas verdes

El estudio también revela un deterioro importante en materia sanitaria. Mientras entre quienes llevan menos de dos años viviendo en campamentos el 29% de los niños presenta algún diagnóstico de salud crónico, esa cifra aumenta hasta el 55% cuando la permanencia supera los cinco años. A ello se suman problemas de contaminación, plagas, escasez de áreas verdes y lejanía de servicios básicos.  

Paradójicamente, cuando las familias permanecen más de cinco años en estos asentamientos, la asistencia escolar alcanza el 100%, el 90% recibe beneficios sociales y la inscripción en el Registro Social de Hogares se vuelve prácticamente universal. Para los investigadores, ello demuestra que muchas familias deben permanecer en condiciones precarias para poder acceder a las redes de protección del Estado.  

Los autores advierten que esta realidad representa uno de los principales desafíos para las políticas públicas, ya que abandonar el campamento muchas veces implica asumir arriendos imposibles de financiar y perder la inversión realizada en viviendas construidas de manera informal, aun cuando sean altamente precarias.  

Variables como narco, drogas e ilícitos

Como alternativa, el CEP propone fortalecer los barrios transitorios, espacios donde las familias pueden residir temporalmente mientras esperan una solución habitacional definitiva. Según el estudio, estos barrios mantienen el acceso a beneficios sociales, pero reducen prácticamente a cero variables como el narcotráfico, el consumo de drogas y la participación de niños en actividades ilícitas, transformándose en una de las propuestas más prometedoras para proteger a la infancia.  

Para las regiones del norte, donde Tarapacá y Antofagasta concentran una parte importante de los campamentos del país, el informe instala una discusión que trasciende el déficit habitacional: cómo garantizar que miles de niños puedan acceder a oportunidades de desarrollo sin que ello implique crecer en entornos donde la violencia y el crimen organizado forman parte de la vida cotidiana.