Representantes de organizaciones de Derechos Humanos llegaron hasta la Corte de Apelaciones de la Región de Coquimbo para manifestar su rechazo a una eventual política de indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos, propuesta que —según denunciaron— significaría un grave retroceso judicial y democrático para el país.

La acción fue impulsada por la Mesa de Trabajo y Reflexión de Derechos Humanos, junto a integrantes de los colectivos “20 de Octubre” y “Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (FADDEP)”, quienes solicitaron expresar formalmente su preocupación ante el tribunal de alzada.

La manifestación fue acompañada además por el equipo de la diputada Nathalie Castillo, quien cuestionó duramente la posibilidad de otorgar beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

“No puede haber espacio para la impunidad”

Durante la actividad, la parlamentaria calificó como “gravísimo” que se intente avanzar en eventuales indultos para condenados por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas durante la dictadura civil-militar.

“Aquí no puede haber espacio para la impunidad ni señales de retroceso democrático”, sostuvo.

La diputada agregó que la memoria, la verdad y la justicia constituyen pilares fundamentales para cualquier sociedad democrática y advirtió que Chile mantiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Según indicó, avanzar en beneficios para violadores de derechos humanos no solo afecta a víctimas y familiares, sino que también debilita el compromiso institucional con el “nunca más”.

«Nos parece gravísimo que se pretenda avanzar en indultos a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, muchos de ellos responsables de secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones durante la dictadura civil-militar, e incluso en contexto de la revuelta social del 2019. Aquí no puede haber espacio para la impunidad ni señales de retroceso democrático”, precisó.

La parlamentaria comunista agregó que “la memoria, la verdad y la justicia son pilares fundamentales para cualquier sociedad democrática. Chile tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y avanzar en beneficios o indultos para violadores de derechos humanos no solo hiere a las víctimas y sus familias, sino que además debilita el compromiso del Estado con el nunca más”.

Colectivos advierten riesgo de relativizar crímenes

Entre quienes participaron de la actividad estuvieron Piero Santoro Maffei, Hedy Araya Villanueva, Marcela Reyes y Marlinda Alcayaga, voceros e integrantes de organizaciones vinculadas a memoria y derechos humanos.

Los representantes señalaron que la preocupación central radica en que este tipo de medidas podría abrir paso a nuevas formas de impunidad y relativizar delitos considerados imprescriptibles por el derecho internacional.

Desde la Mesa de Trabajo y Reflexión de Derechos Humanos afirmaron que la señal política detrás de eventuales indultos genera inquietud, especialmente respecto del tratamiento judicial de crímenes cometidos tanto durante la dictadura como en contextos posteriores de vulneraciones a los derechos fundamentales.

Preocupación por efectos políticos y judiciales

Las organizaciones remarcaron que el objetivo de acudir presencialmente a la Corte de Apelaciones fue transmitir directamente estas inquietudes a la presidencia del tribunal y dejar constancia del rechazo existente entre agrupaciones de derechos humanos.

El debate surge luego de anuncios realizados semanas atrás por sectores vinculados al eventual gobierno de José Antonio Kast, respecto de revisar políticas relacionadas con condenados por delitos de lesa humanidad.

Desde los colectivos insistieron en que cualquier señal de flexibilización judicial en esta materia afectaría gravemente décadas de avances en verdad, justicia y reparación construidas tras el retorno a la democracia.