El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite una reclamación presentada por un grupo de observantes ciudadanos contra la decisión del Comité de Ministros que rechazó los recursos administrativos relacionados con la calificación favorable del proyecto Copiaport-E, un megaproyecto portuario e industrial de US$ 450 millones ubicado en el sector de Punta Cachos y Bahía Chasco, entre Copiapó y Caldera, en Atacama.

Impulsado por pueblos indígenas, busca operar como un terminal de graneles limpios y multipropósito, pero enfrenta fuerte oposición comunitaria y judicial por su impacto ecológico. Por eso, con la acción judicial, se busca revisar si las observaciones formuladas durante los procesos de participación ciudadana fueron consideradas de manera suficiente por la autoridad ambiental.

Los reclamantes sostienen que parte de sus planteamientos habría sido respondida mediante pronunciamientos generales o colectivos; a su juicio, esta modalidad no habría abordado de manera específica las observaciones presentadas individualmente durante la evaluación ambiental.

La reclamación también cuestiona que algunas presentaciones hayan sido descartadas por considerarse reiterativas o contrarias al principio de congruencia; los observantes solicitan que se revise si esas determinaciones permitieron analizar adecuadamente el contenido de sus observaciones originales y los antecedentes incorporados al expediente.

Tras admitir la acción a trámite, el Tribunal solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental informar sobre la reclamación y acompañar los antecedentes administrativos correspondientes; con ello se inicia una nueva etapa de revisión judicial respecto de los cuestionamientos planteados por los ciudadanos.

Cuestionamientos ambientales

Entre las materias incorporadas en la reclamación se encuentran las medidas de protección, monitoreo y compensación del patrimonio arqueológico; los observantes también cuestionan la suficiencia de las líneas de base utilizadas para evaluar el medio humano y los ecosistemas marinos y terrestres vinculados al proyecto.

La acción considera además cuestionamientos relacionados con los posibles impactos sobre praderas de pasto marino, algas, plancton, tortugas verdes, aves costeras y migratorias y otras especies presentes en Bahía Chasco, Punta Cachos y sectores cercanos.

Los reclamantes plantean que estos componentes ambientales debieron ser considerados de manera suficiente durante el proceso de evaluación; por ello, buscan que la autoridad judicial determine si las respuestas entregadas a sus observaciones cumplieron con las exigencias aplicables.

Otro de los aspectos incorporados en la presentación corresponde a la delimitación de los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas considerados durante la evaluación ambiental; los observantes sostienen además que debe analizarse la procedencia de ampliar el proceso de consulta indígena a otras comunidades o personas que pudieran resultar directamente afectadas.

Qué contempla Copiaport-E

El proyecto Copiaport-E, cuyo titular es Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA, contempla el desarrollo de infraestructura portuaria en los sectores de Punta Cachos y Bahía Chasco; las obras se emplazarían en las comunas de Copiapó y Caldera, en la Región de Atacama.

La iniciativa considera un Terminal de Graneles Limpios con una capacidad máxima de transferencia de 10 millones de toneladas anuales; además incorpora un Terminal Multipropósito destinado al movimiento de contenedores, carga general y descarga de fertilizantes.

El proyecto contempla también módulos de desalinización, una línea de transmisión eléctrica de 110 kilovoltios con una extensión aproximada de 60 kilómetros y una línea de aducción de agua cercana a los 51 kilómetros; a estas instalaciones se suman otras obras asociadas al desarrollo portuario.

La inversión estimada alcanza los 450 millones de dólares y la iniciativa contempla una vida útil de 53 años; su desarrollo ha generado distintas instancias de participación y revisión administrativa y judicial.

Tribunal deberá abordar nueva reclamación

Los observantes ciudadanos solicitan que se deje sin efecto la resolución adoptada por el Comité de Ministros; además piden que se dicte un nuevo pronunciamiento que considere adecuadamente sus observaciones y reclamaciones, o que se adopten las medidas que correspondan conforme a derecho.

La admisión a trámite no implica una resolución sobre el fondo de los cuestionamientos planteados; el proceso deberá avanzar con los antecedentes que entregue el Servicio de Evaluación Ambiental y con las actuaciones judiciales correspondientes.

El proyecto ya registra antecedentes judiciales previos ante el mismo tribunal; el 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Ambiental dictó sentencia, en fallo dividido, en la causa Rol R-149-2026, relacionada con una reclamación presentada por la Municipalidad de Caldera contra la resolución que declaró inadmisible su reclamación administrativa.

En aquella oportunidad, el tribunal rechazó la acción; la mayoría concluyó que el municipio no había formulado observaciones durante los procesos de participación ciudadana y que sus pronunciamientos como organismo con competencia ambiental no podían equipararse a dichas observaciones para efectos de otorgarle legitimación activa.

Ese fallo se limitó a la admisibilidad de la reclamación administrativa de la Municipalidad de Caldera; por tanto, no resolvió el fondo de los cuestionamientos ambientales que ahora plantean los observantes ciudadanos en la nueva causa vinculada con Copiaport-E.