Un informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas tras detectar que 35.585 licencias médicas, emitidas entre 2023 y 2024, habrían sido mal utilizadas por funcionarios públicos que habrían viajado fuera del país durante su periodo de reposo.
El documento, basado en datos de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Policía Internacional, identificó que 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades privadas con financiamiento estatal realizaron 59.575 entradas o salidas del país mientras estaban con licencia médica.
Dentro de estos casos, se detectaron situaciones especialmente llamativas: 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 movimientos migratorios, y 51 realizaron más de 31 entradas o salidas durante su reposo. En promedio, cada licencia médica tenía un periodo de reposo de 17,7 días.
El 69% de las licencias observadas corresponde a afiliados a Fonasa y el 31% a Isapres. Entre las instituciones públicas más mencionadas están la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Fundación Integra, que juntas concentran un 12% de los casos. En total, 13 entidades suman el 25% de las licencias bajo sospecha.
Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un funcionario del área de salud que se otorgó una licencia médica a sí mismo y luego viajó durante su propio reposo.
Según la normativa vigente, el incumplimiento del reposo indicado en una licencia médica —como salir del país— puede llevar al rechazo o invalidación de la misma, siempre que exista respaldo documental, como registros de viajes.
La Contraloría elaboró este informe aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que regula el uso de licencias médicas, y en los estatutos que rigen al personal del sector público.
Foto: El Mostrador



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