La Contraloría General de la República encendió una nueva señal de alerta respecto del manejo de recursos públicos destinados al bienestar animal en Chile. El organismo dio a conocer el segundo reporte sobre el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, más conocido como Ley Cholito, donde detectó importantes falencias en la ejecución, rendición y fiscalización de los recursos transferidos a municipalidades entre 2017 y marzo de 2026. El informe también instruye nuevas acciones para fortalecer el control sobre estos fondos y mejorar el cumplimiento de la normativa vigente.

Millonarios recursos permanecen sin rendición

El informe establece que entre 2017 y marzo de 2026 el Estado transfirió más de $33.647 millones a las municipalidades para desarrollar programas asociados a la Ley Cholito, orientados principalmente a la esterilización, rescate, educación y control de la población animal.

Sin embargo, la revisión realizada por la Contraloría General de la República detectó que 162 municipalidades no respondieron los requerimientos efectuados para informar el destino de más de $16 mil millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). La falta de antecedentes impidió verificar si esos recursos fueron utilizados conforme a los objetivos establecidos por el programa, generando preocupación respecto de la transparencia en el uso de fondos públicos.

La entidad fiscalizadora advirtió que esta situación representa una debilidad importante en los mecanismos de control y seguimiento, considerando que se trata de recursos financiados por el Estado para promover políticas públicas relacionadas con la protección animal y la salud pública.

Programas comprometidos no fueron ejecutados

Otro de los antecedentes que revela el informe corresponde a la baja ejecución de iniciativas comprometidas por distintos municipios. Según la revisión de la Contraloría, 61 municipalidades no realizaron actividades de rescate animal ni jornadas de control de población de mascotas, pese a haber recibido aproximadamente $5 mil millones desde 2022 destinados específicamente para esas acciones.

Estas iniciativas forman parte de las obligaciones establecidas en la Ley de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, cuyo objetivo es disminuir el abandono de mascotas, controlar la reproducción y fomentar la convivencia responsable entre personas y animales.

La ausencia de estos programas no solo implica un eventual incumplimiento administrativo, sino que también podría afectar directamente a comunidades que enfrentan problemas derivados del aumento de perros y gatos abandonados, una realidad presente en diversas comunas del país.

Graves inconsistencias en registros oficiales

El reporte también detectó importantes falencias en la administración de la información relacionada con la tenencia responsable de animales. Uno de los aspectos más preocupantes corresponde al registro de animales potencialmente peligrosos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Contraloría, existen cerca de 40 mil animales catalogados dentro de esta categoría. Sin embargo, apenas 748 personas habrían cumplido con el curso obligatorio de adiestramiento exigido por la legislación vigente.

Para el organismo fiscalizador, esta diferencia evidencia debilidades tanto en los mecanismos de fiscalización como en el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas por la ley. La situación adquiere especial relevancia considerando que estas disposiciones buscan reducir riesgos para la seguridad pública y promover una tenencia responsable por parte de los propietarios.

Asimismo, el informe señala que persisten deficiencias en la actualización de registros oficiales y en la coordinación entre las instituciones responsables de supervisar el cumplimiento de la normativa.

Contraloría ordena nuevas fiscalizaciones y fija plazo para municipios

Frente a este escenario, la Contraloría General de la República anunció que realizará una fiscalización directa a la SUBDERE, con el propósito de verificar el adecuado seguimiento de los recursos entregados a las municipalidades y evaluar el funcionamiento de los mecanismos de control existentes.

Paralelamente, instruyó que los municipios que aún no cuentan con una ordenanza de tenencia responsable deberán elaborarla y aprobarla en un plazo máximo de 90 días hábiles, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la normativa en cada territorio.

El informe abre un nuevo foco de discusión respecto de la correcta utilización de recursos públicos destinados al bienestar animal y refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de control, rendición de cuentas y fiscalización de los programas financiados por el Estado.

En regiones como Atacama, donde distintas municipalidades desarrollan campañas de esterilización, vacunación, registro de mascotas y educación ciudadana, las conclusiones del reporte también ponen de relieve la importancia de mantener procesos transparentes y una adecuada ejecución de los fondos públicos para asegurar que las iniciativas lleguen efectivamente a la comunidad y contribuyan a una mejor protección de los animales de compañía.