El Congreso despachó la ley corta de Seguridad Municipal, una iniciativa que entrega mayores atribuciones y opciones de contratación a los municipios para optimizar sus equipos preventivos y fortalecer la presencia territorial frente al delito.

El seremi de Gobierno, Darwin Cortés, valoró la promulgación de la normativa y destacó su impacto en las distintas comunas de la Región de Coquimbo:

“Los vecinos esperan presencia en sus barrios y una respuesta cuando necesitan ayuda. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsó estos cambios para facilitar esa labor, con reglas claras para contratar personal, organizar los recursos y financiar capacitaciones para que los inspectores municipales puedan responder mejor ante situaciones de riesgo y trabajar coordinadamente con las policías”, señaló la autoridad regional.

Flexibilidad presupuestaria y criterios territoriales

La nueva ley establece un límite de gasto específico destinado de forma exclusiva a la contratación de inspectores municipales, desvinculándolo del tope general de personal:

• Financiamiento base: Cada municipio podrá destinar hasta un 5% de los ingresos propios percibidos durante el año anterior.

• Ampliación excepcional: Dicho porcentaje podrá elevarse hasta el 15% mediante autorización fundada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), e incluso hasta el 25% con el visado complementario de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Para otorgar estos incrementos se ponderarán factores clave como la ruralidad, la extensión territorial, la población flotante y la vulnerabilidad sociodelictual de cada zona. Al respecto, el seremi Cortés enfatizó que “en la Región de Coquimbo tenemos localidades alejadas que requieren mayor despliegue y comunas que reciben muchos visitantes. Esas diferencias deben considerarse al organizar la prevención”.

Requisitos, capacitación y avance de la agenda ACOT

La normativa también fija exigencias estandarizadas para el personal preventivo, tales como la acreditación de aptitud física y psicológica en centros de salud públicos, privados o mutuales de seguridad, otorgando un plazo de doce meses para regularizar la situación del personal vigente. Asimismo, se exige una antigüedad mínima de tres años en la licencia de conducir adecuada al tipo de vehículo de seguridad.

Con este despacho, la ley corta se transforma en la quinta iniciativa de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en completar su tramitación legislativa, sumándose a medidas como la ampliación del plazo de flagrancia, las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el perfeccionamiento de expulsiones administrativas y la modernización de Carabineros.