En cuestión de horas, el agresivo frente meteorológico dejó de ser un pronóstico para transformarse en una severa catástrofe territorial. Las bajadas de quebradas en Elqui, los masivos aislamientos en Choapa y la extrema vulnerabilidad en Limarí obligaron a desplegar en terreno a delegaciones, seremis, Carabineros, Bomberos, el Ejército y equipos de rescate. Sin embargo, a la par del trabajo operativo, emergió un intenso debate sobre la conducción de la crisis: quién estuvo en el barro con los vecinos, quién coordinó los recursos y quién logró posicionarse ante la ciudadanía como la figura real de mando.

Alcaldes al frente: los municipios ganan el relato comunicacional

Los jefes comunales se instalaron de inmediato en la primera línea de exposición pública. Autoridades de comunas como Coquimbo, La Serena, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, Canela, Los Vilos y Salamanca se desplegaron en sectores anegados, transmitiendo de forma directa mediante redes sociales, emisoras regionales y cadenas nacionales.

Esta presencia no solo sirvió para relatar los estragos de las lluvias, sino para presionar por maquinaria, denunciar rutas cortadas y exigir ayuda gubernamental inmediata. La búsqueda de vocerías en terreno por parte de la prensa visibilizó el trabajo municipal, aunque diversos alcaldes reconocieron abiertamente verse sobrepasados por la magnitud del desastre.

El Gobierno en terreno: despliegue operativo opacado por la baja visibilidad

Desde el Ejecutivo, la Delegación Presidencial Regional —encabezada por Víctor Pino— sostuvo un despliegue operativo técnico con enlaces territoriales en las tres provincias. Seremis de diversas carteras se desplegaron en comunas golpeadas como Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá y la provincia de Choapa para respaldar a las autoridades locales.

Sin embargo, la acción sectorial no estuvo exenta de cuestionamientos internos que apuntaron a presencias para la «foto», sumado a incidentes como el rescate efectuado por el GOPE a tres seremis que quedaron atrapados por quebradas en la Ruta D43, sector Las Cardas.

El principal punto débil del Gobierno regional radicó en la vocería pública. Mientras los delegados provinciales de Limarí y Choapa mostraron dinamismo en sus zonas, el delegado regional Víctor Pino mantuvo una presencia comunicacional acotada, concentrada mayormente en entregar los balances oficiales del COGRID desde La Serena.

Esta baja exposición en zonas de desastre como Limarí —epicentro de las inundaciones— desató severas críticas desde el oficialismo y la oposición, recriminando su escasa presencia en el barro frente a la gravedad del cuadro humano y logístico que afectaba a cerca de 15 mil personas aisladas y miles de usuarios sin energía eléctrica.

A ello se sumaron fricciones políticas, como las tensiones generadas durante el COGRID del sábado tras cuestionamientos por demoras en rescates aéreos en Ovalle, o los desencuentros protocolares con el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, y el gobernador regional durante un despacho en vivo desde el Hospital de Ovalle.

Gobernador Juliá, reclamos municipales y el decreto final de Zona de Catástrofe

En este escenario, el gobernador regional Cristóbal Juliá consolidó un liderazgo comunicacional propio. Su doble perfil como autoridad electa y profesional de la meteorología le otorgó un alto grado de validación técnica y política para explicar los riesgos del evento, disponer del 2% de emergencia para las comunas y sumarse a la petición de decretar zona de catástrofe.

En paralelo, alcaldes de distintas tendencias políticas levantaron la voz para exigir soluciones de fondo:

• Ali Manouchehri (Coquimbo): Remarcó que «no basta con recorrer las zonas afectadas, se necesitan respuestas concretas», advirtiendo que los fondos regionales de emergencia son insuficientes y exigiendo al Presidente la activación del 2% constitucional mediante la declaratoria de zona de catástrofe.

• Cristián Herrera (Monte Patria): Advirtió que la prueba de fuego del Gobierno comienza tras las lluvias: «Ahí es donde vamos a requerir recursos rápidos los municipios, en términos de horas máquina, ayudas sociales, fichas FIBE, bonos de enseres y viviendas de emergencia».

• Daniela Norambuena (La Serena): Instó al Ejecutivo a incorporar formalmente a los alcaldes al COGRID Regional de forma permanente para optimizar la toma de decisiones y acelerar la llegada de insumos a las familias damnificadas.

Tras días de intensa presión pública y política por parte de los jefes comunales, finalmente el día de ayer el Gobierno decretó el Estado de Catástrofe por calamidad pública, una medida que los alcaldes de la región venían solicitando categóricamente desde el día uno de la emergencia para acelerar la llegada de recursos y agilizar los procesos de ayuda a los damnificados.

Con la medida ya promulgada y el evento meteorológico aún en desarrollo, la primera etapa de rescate da paso de inmediato a la fase de reconstrucción, asignación presupuestaria y evaluación de responsabilidades políticas.