Preocupación e incertidumbre ha generado en el ámbito educativo y social el contenido del Oficio Circular N°16 emitido por el Ministerio de Hacienda, documento que instruye a distintas carteras del Estado a proyectar sus presupuestos bajo una estricta restricción plurianual, con el objetivo de congelar el gasto fiscal hasta el año 2031.

Surgen las inquietudes

La recomendación que más inquietud ha provocado es la dirigida al Ministerio de Educación, donde se sugiere evaluar la descontinuación de programas históricos, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que ejecuta la Junaeb, iniciativa que actualmente entrega cerca de 4 millones de raciones diarias a niños, niñas y adolescentes en todo el país.

De acuerdo con el documento, el argumento técnico apunta a garantizar la sostenibilidad financiera del Estado en el período 2027–2031. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostiene que “toda iniciativa pública debe ajustarse a un escenario de responsabilidad fiscal estricta y proyección presupuestaria realista”.

Sin embargo, el alcance de las recomendaciones no se limita únicamente a la alimentación escolar. El oficio también plantea revisar y eventualmente eliminar otros beneficios relevantes para la equidad del sistema educativo, como la Beca de Apoyo Vocación Profesor, recortes a la Beca Indígena, la suspensión de la entrega de útiles escolares y servicios médicos, además de la descontinuación del financiamiento a hogares estudiantiles, programas de fortalecimiento artístico y planes de reinserción escolar.

Impacto de las medidas

Desde la comunidad educativa advierten que el impacto de estas medidas podría ser profundo. El PAE no solo cumple una función alimentaria, sino que también constituye un pilar de apoyo social para miles de estudiantes que dependen de esta ración diaria como parte fundamental de su nutrición.

Asimismo, se recuerda que la infraestructura y capacidad logística de la Junaeb ha sido clave en contextos de emergencia. A través de convenios con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la institución ha participado en la entrega de alimentación a brigadistas, voluntarios y familias damnificadas durante catástrofes, como los recientes incendios forestales registrados en las regiones del Maule y Biobío.

Reacciones de las comunidades

Frente a este escenario, distintos actores del mundo educativo, gremial y familiar esperan una aclaración por parte del Ejecutivo. “No se trata solo de números, sino del bienestar diario de millones de estudiantes que dependen de estos programas para poder aprender en condiciones dignas”, señalan desde organizaciones vinculadas al ámbito escolar.

Mientras el debate se instala en la opinión pública, crece la interrogante sobre cómo se compatibilizará el ajuste fiscal planteado por Hacienda con la protección de derechos básicos en el sistema educativo, especialmente en sectores más vulnerables del país.