El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dictó una sentencia de cárcel sin precedentes en materia de delitos de cuello blanco en la Región de Coquimbo. La justicia condenó a ocho años de presidio efectivo a dos exfuncionarias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CMGGV), tras acreditarse su responsabilidad directa en los delitos de fraude al fisco y lavado de activos, los cuales permitieron el desvío ilícito de más de $762 millones de pesos destinados originalmente al Departamento de Salud de la comuna.
La resolución pone fin a una exhaustiva indagatoria penal que se arrastraba desde el año 2022, fecha en que se interpusieron las primeras querellas institucionales al detectarse graves inconsistencias en las cartolas de pago de proveedores de la salud primaria local.
El modus operandi: Boletas falsas y «blanqueo» familiar
La investigación penal, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, logró desarticular una sofisticada red interna que operaba mediante el uso de boletas de honorarios «fantasmas». De acuerdo con el persecutor del Ministerio Público, las implicadas actuaron de forma sistemática «con ánimo de defraudar a la CMGGV», valiéndose de la siguiente estructura delictiva:
Servicios inexistentes: Las exfuncionarias preparaban documentación técnica y contable simulando prestaciones de servicios de salud que nunca se ejecutaron en la realidad.
Comisiones a terceros: Para el engaño, se utilizaban boletas de terceros; una vez emitido el pago estatal, estas personas cobraban el dinero, retenían un porcentaje a modo de «comisión» y transferían el saldo grueso a la red familiar de las funcionarias.
Lavado a través de sociedades: Los fondos eran desviados finalmente al esposo de una de las condenadas, quien se encargaba de simular el origen de los dineros inyectándolos en varias sociedades comerciales para blanquear el capital.
Las penas del círculo delictual y el comiso de bienes
El tribunal de alzada serenense no solo sancionó a las mentes operativas del fraude. El fallo también golpeó con dureza al círculo familiar e intermediarios que facilitaron el lavado de activos, desglosándose las penas de la siguiente forma:
Exfuncionarias municipales: 8 años de presidio efectivo por fraude al fisco y lavado de activos.
Líder del blanqueo (esposo): 4 años de cárcel por lavado de activos, sumado a otros 3 años de presidio por el delito de fraude de prestaciones estatales.
Facilitadores (10 involucrados adicionales): Penas que oscilan entre los 840 y los 1.082 días de presidio debido a su calidad de encubridores o prestadores de boletas falsas.
Asimismo, buscando la restitución del daño patrimonial causado a la salud pública comunal, el tribunal ordenó el comiso definitivo de tres vehículos de alta gama, una vivienda residencial y dinero en efectivo que habían sido incautados y congelados por las policías durante los allanamientos del proceso investigativo.
El control de auditoría interna en las corporaciones municipales
La vulnerabilidad de los sistemas de transferencias en las corporaciones de derecho privado municipal representa un flanco crítico para la probidad pública en el país.
De acuerdo con un informe técnico sobre auditoría forense y control presupuestario estatal desarrollado por el Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de Santiago (2025), la falta de cruces de información automatizados entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los departamentos de finanzas municipales eleva en un 35% el riesgo de duplicación de giros y visación de pagos por servicios no prestados.
El análisis contable gubernamental determinó que la ausencia de fiscalización directa por parte de la Contraloría General de la República sobre los fondos descentralizados de salud y educación opera frecuentemente como un incentivo sistémico para la creación de cartolas de proveedores falsas, obligando a los municipios a migrar hacia plataformas centralizadas de pago electrónico con firma digital biométrica inalterable para mitigar las ventanas de fraude interno.
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