En un fallo que marca un precedente en la protección de la infancia en la región, la justicia dictó una sentencia de presidio efectivo para un exfuncionario que se desempeñó en dos establecimientos educacionales de Antofagasta.

El sujeto fue hallado culpable de realizar grabaciones no consentidas de las partes íntimas de menores de edad, una práctica que mantuvo de manera sistemática durante 10 años. La investigación, liderada por el Ministerio Público, logró acreditar la existencia de miles de archivos digitales que evidencian la gravedad y extensión del daño causado a las víctimas.

Diez años de abuso bajo engaño

El modus operandi del condenado consistía en aprovechar su posición de confianza y acceso a diversas dependencias de los recintos escolares para ocultar dispositivos de grabación. Según los antecedentes del caso, el imputado operó con total impunidad entre los años 2014 y 2024, afectando a sucesivas generaciones de estudiantes.

El hallazgo del material gráfico fue clave para la formalización, permitiendo a los peritos de la PDI rastrear la data de los archivos y confirmar que la conducta delictiva se extendió por una década completa.

Medidas de reparación

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso al sentenciado la inhabilitación absoluta y perpetua para trabajar en cualquier oficio o cargo que involucre el contacto directo con menores de edad.

Asimismo, se decretó la vigilancia policial tras el cumplimiento de la condena y el registro del sujeto en el sistema de condenados por delitos sexuales.

Las comunidades de los dos colegios afectados han recibido apoyo psicosocial por parte de los organismos correspondientes, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad y supervisión en las dependencias escolares.

Justicia para las víctimas

La resolución judicial fue recibida con alivio por los padres y apoderados, quienes durante meses exigieron la máxima rigurosidad en el proceso. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de realizar controles más estrictos y revisiones de antecedentes periódicas a todo el personal que trabaja en contacto con niños y adolescentes.

Con este fallo, la justicia de Antofagasta cierra un capítulo oscuro, reafirmando que los entornos educativos deben ser, ante todo, espacios seguros para el desarrollo de la infancia.