El veto afectaba directamente a más del 25% de la comunidad estudiantil de Harvard, compuesta por alumnos extranjeros, y generó reacciones inmediatas desde distintos gobiernos, incluido el de China, que acusó un daño grave a la imagen internacional de EE.UU. Las familias, por su parte, enfrentaban incertidumbre ante el alto costo de mantener a sus hijos en una universidad que podría cerrarles las puertas.

Harvard calificó la medida como un castigo político vinculado al rechazo de someter sus políticas internas a supervisión gubernamental. Alan Garber, presidente interino de la institución, calificó la orden de ilegal y sin fundamento, argumentando que comprometía el acceso equitativo a la educación superior y el intercambio académico global.

Una jueza federal de Massachusetts bloqueó de manera temporal la implementación del veto, lo que permite a Harvard continuar operando su programa internacional mientras se resuelve el conflicto en tribunales. El caso sigue su curso, con atención internacional sobre si la justicia dará la razón a Harvard y garantizará el acceso de estudiantes extranjeros al sistema universitario estadounidense.