La salida de Claudio Castillo de la dirección nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia —Mejor Niñez— abrió un nuevo flanco respecto de las condiciones en que están funcionando las residencias destinadas a niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, una situación que adquiere especial relevancia en el norte del país.

La organización que representa a trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia advierte sobrecupo, falta de respuestas para adolescentes con necesidades de salud mental y agresiones a funcionarios. En el norte existen cinco residencias entre Arica y Coquimbo que, según los antecedentes entregados por la asociación, enfrentan especialmente estas dificultades y reciben además a niños, niñas y adolescentes migrantes.

La Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio Nacional de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA) valoró la decisión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de solicitar la renuncia no voluntaria de Castillo y aseguró que había advertido previamente una serie de problemas que, a juicio de la organización, no estaban recibiendo respuestas suficientes.

Entre Arica y Coquimbo funcionan cinco residencias vinculadas al sistema que, de acuerdo con antecedentes proporcionados a Madero por representantes de los trabajadores, se encuentran particularmente expuestas a esta contingencia. En ellas existe además una realidad propia de las regiones del norte: la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes que requieren protección especializada.

Sobrecupo, salud mental y funcionarios expuestos a agresiones

La declaración de ANFUSEPNA entrega una radiografía de los principales problemas que, según los funcionarios, quedaron pendientes durante la administración saliente.

Uno de ellos es el sobrecupo de las residencias, situación especialmente sensible considerando que estos establecimientos atienden a menores que han sufrido vulneraciones graves de derechos y que, por resolución de los organismos competentes, requieren cuidados alternativos.

A ello se agrega lo que los funcionarios califican como una “insuficiente respuesta” frente a adolescentes con necesidades de salud mental, además de extensas listas de espera en programas ambulatorios.

“Visibilizamos de manera permanente la insuficiente respuesta frente a problemáticas críticas, entre ellas la atención de adolescentes con necesidades de salud mental, las extensas listas de espera en programas ambulatorios, el sobrecupo en residencias, la protección de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y las graves agresiones que enfrentan las y los funcionarios en distintos centros”, sostuvo ANFUSEPNA.

La organización también cuestionó decisiones adoptadas durante la gestión de Castillo y mencionó controversias relacionadas con procesos de licitación. En este punto, sin embargo, se trata de cuestionamientos formulados por la asociación de funcionarios y no necesariamente de irregularidades acreditadas administrativamente o judicialmente.

Según ANFUSEPNA, la situación llegó al punto de que el ahora exdirector “había perdido la confianza de una parte importante de las y los funcionarios del Servicio”.

Turnos de hasta 24 horas abren otro conflicto

La crisis institucional coincide con otro problema que preocupa particularmente a los trabajadores de las residencias del norte: el pago de horas extraordinarias asociado a jornadas que pueden extenderse hasta por 24 horas.

De acuerdo con los antecedentes entregados a Madero, un dictamen de Contraloría relacionado con labores superiores a 12 horas podría tener efectos sobre la forma en que se pagan esas horas extraordinarias.

Los funcionarios están solicitando que las características especiales del trabajo residencial sean consideradas y que se establezca una excepción, debido a que el sistema funciona las 24 horas y contempla modalidades de turno que pueden alcanzar esa duración.

Este punto resulta especialmente relevante para el norte, donde las distancias entre ciudades, la disponibilidad de personal especializado y las particularidades territoriales pueden dificultar el reemplazo y la conformación de equipos.

ANFUSEPNA plantea que la discusión no debe limitarse a las condiciones laborales. La asociación vincula directamente la disponibilidad y seguridad de los funcionarios con la calidad de la protección entregada a los menores que permanecen en las residencias.

El desafío para la nueva dirección

La salida de Castillo abre ahora la interrogante sobre quién asumirá la conducción del Servicio y, principalmente, qué medidas se adoptarán frente a los problemas denunciados.

“Esperamos que la nueva autoridad ejerza una conducción técnica, transparente y participativa”, señaló ANFUSEPNA, que pidió fortalecer el diálogo con las organizaciones de trabajadores.

Para las regiones del norte, la discusión tendrá un componente adicional: cómo responder a residencias que atienden una población particularmente compleja y diversa, incluyendo niños y adolescentes migrantes, menores con necesidades de salud mental y casos que requieren atención especializada.

La asociación aseguró estar disponible para trabajar con la nueva administración, pero plantea dos exigencias que considera inseparables: mejorar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes y garantizar condiciones laborales seguras para los funcionarios responsables de su cuidado.

La situación de las cinco residencias existentes entre Arica y Coquimbo será, por tanto, uno de los puntos donde podrá medirse si el cambio en la dirección nacional se traduce efectivamente en modificaciones en terreno.