La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) expresó su preocupación tras la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que dejó sin efecto la aprobación ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y ordenó retrotraer parcialmente su proceso de evaluación.

La iniciativa —estimada en más de US$3.200 millones en la Región de Tarapacá— obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en diciembre de 2021 y había sido ratificada por el Comité de Ministros en agosto de 2023. Para el gremio, la decisión judicial introduce un “factor de incertidumbre” en un proyecto de gran escala y largo plazo que ya acumulaba inversiones significativas.

 Un proyecto estratégico para Tarapacá y el país

Collahuasi es uno de los complejos cupríferos más relevantes de Chile y un actor económico central en Tarapacá. De acuerdo con cifras difundidas por la compañía y recogidas por SONAMI, su operación genera más de 7.000 empleos directos e indirectos y una contribución económica estimada en US$4.731 millones, equivalente al 1,32% del PIB nacional y al 46,8% del PIB regional.

Para SONAMI, el retroceso en la RCA no solo afecta a la compañía, sino que tensiona la señal regulatoria en un sector donde las inversiones se planifican a décadas y dependen de certezas en los permisos.

 La señal al clima de inversión

El presidente de SONAMI, Jorge Riesco, sostuvo que resoluciones de este tipo “envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile”, especialmente cuando se trata de proyectos que ya superaron instancias técnicas y administrativas del propio Estado.

A su juicio, el fallo reabre una discusión pendiente sobre las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la denominada “permisología” y a la estabilidad de los procesos de autorización.

 Evaluación ambiental y revisión judicial

El sistema de evaluación ambiental chileno contempla instancias técnicas, administrativas y judiciales. En este caso, el Segundo Tribunal Ambiental determinó retrotraer parte del proceso, lo que implica revisar etapas ya desarrolladas dentro de la tramitación ambiental.

Este tipo de decisiones, aunque forman parte del marco institucional, generan debates sobre los tiempos de tramitación y la previsibilidad regulatoria, especialmente en industrias intensivas en capital como la minería.

Estudios como el informe “Permitting and Licensing in Mining” (2022) de la OECD advierten que la certeza regulatoria y la consistencia en los procesos de autorización son factores clave para sostener la competitividad de los países mineros.

 Permisología y crecimiento económico

El concepto de “permisología” ha ganado espacio en el debate público chileno. Diversos análisis —como el estudio “Productividad y permisología” (2023) del Centro de Estudios Públicos— señalan que la superposición de requisitos y la extensión de los plazos de autorización pueden afectar el dinamismo de la inversión.

En ese contexto, SONAMI planteó la dificultad de compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico con decisiones que reabren permisos ya otorgados por el propio Estado.

Empleo, encadenamientos y efecto regional

Más allá de la dimensión regulatoria, el gremio destacó el impacto territorial del proyecto. La minería en Tarapacá no solo genera empleo directo, sino también encadenamientos productivos con proveedores locales, servicios, transporte y comercio.

La eventual paralización o retraso de etapas del proyecto podría tener efectos en estas cadenas, según advirtió el gremio.

 Confianza y certezas para el mercado

Riesco enfatizó que el llamado de SONAMI es a “promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”. El planteamiento no cuestiona la institucionalidad ambiental, sino la necesidad de estabilidad en las decisiones una vez concluidos los procesos técnicos.

 Debate abierto sobre institucionalidad ambiental

El fallo vuelve a instalar el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, participación ciudadana, revisión judicial y certeza para la inversión. Chile cuenta con una institucionalidad ambiental reconocida en la región, pero enfrenta críticas recurrentes por la duración y complejidad de sus procesos.

Informes como “Environmental Governance Review Chile” (2016) de la OECD ya advertían la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y reducir superposiciones.

 Un caso que trasciende a Collahuasi

Para SONAMI, el caso Collahuasi se transforma en un precedente observado atentamente por el sector minero y por inversionistas internacionales. Más allá del resultado final del proceso, la señal que se percibe es determinante para futuros proyectos.

La resolución judicial, en definitiva, abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo Chile equilibra desarrollo productivo, resguardo ambiental y seguridad jurídica en la tramitación de grandes iniciativas de inversión.