La propuesta formulada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, respecto a evaluar el levantamiento de la veda del lobo marino común (Otaria flavescens) y aplicar una eventual caza selectiva o cuota de control, reabrió una intensa controversia entre el sector extractivo y la comunidad científica. La iniciativa responde a las recurrentes denuncias de pescadores artesanales —particularmente de la Región de Los Lagos y zonas de extracción de merluza— sobre severas pérdidas materiales y de captura provocadas por la especie.

El debate evidencia además una marcada discrepancia en las cifras sobre la población total de ejemplares en el territorio chileno:

• Estimación oficial: Los registros estatales sitúan la población nacional entre 112 mil y 150 mil ejemplares.

• Estimación del sector pesquero: Dirigentes artesanales afirman que la población real oscila entre 500 mil y 600 mil lobos marinos.

Ante esta brecha, el investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, Cristian Araya, puntualizó que la alta concentración de animales en zonas operativas no debe confundirse con una superpoblación:

“Mi posición es que existe un conflicto real entre lobos marinos y pesca artesanal, con pérdidas económicas que deben abordarse seriamente. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para sostener que el lobo marino común esté en una condición de ‘sobrepoblación’ en Chile ni para justificar una medida general de caza.”

Conducta oportunista y la ineficacia de los métodos letales

El especialista explicó que el lobo marino es una especie de comportamiento oportunista y con alta capacidad de aprendizaje, que acude a caletas y embarcaciones atraída por la abundancia y facilidad para obtener alimento concentrado. Por este motivo, el conflicto no depende únicamente del volumen poblacional, sino de variables operativas como la temporada, la ubicación de la faena y la disponibilidad global de recursos marinos.

Araya planteó serios reparos a la posibilidad de autorizar la caza de control sin contar con estudios de campo actualizados a nivel local: “No me parece adecuado levantar la veda o promover una caza de control sin contar previamente con una evaluación científica sólida, local y transparente.”

Según el investigador, la remoción o eliminación de individuos no garantiza la erradicación del problema en las zonas de pesca, puesto que otros ejemplares del ecosistema ocuparán rápidamente las mismas áreas operativas al mantener la asociación entre la actividad humana y una fuente directa de alimento.

Prioridad en disuasión no letal y manejo territorial

Antes de evaluar herramientas letales, el académico enfatiza la necesidad de levantar datos precisos sobre el impacto financiero real y aplicar soluciones de mitigación tecnológica y logística adaptadas a cada caleta:

• Diagnóstico territorial: Cuantificar con exactitud las pérdidas económicas en las distintas temporadas y faenas de mayor interacción.

• Mecanismos disuasivos: Evaluar e implementar tecnologías de mitigación no letales para el resguardo de las redes y capturas.

• Conservación y sustentabilidad: Diseñar planes de manejo específicos que protejan el sustento de las familias pesqueras sin poner en riesgo el equilibrio ecosistémico de la especie.

• “La prioridad debiera ser implementar medidas de manejo adaptadas a cada territorio. Sólo con esa información se puede decidir responsablemente qué medidas son efectivas, protegiendo tanto el trabajo de los pescadores como la conservación de una especie clave del ecosistema marino”, concluyó Araya.