Un reciente estudio sobre el Índice de Calidad de Vida Urbana, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica (UC), encendió alarmas tras revelar que 18 comunas de Chile han empeorado su calidad de vida urbana en los últimos 10 años.

Los resultados asocian este retroceso principalmente al deterioro en dos dimensiones críticas: la conectividad y movilidad, y el ambiente de negocios como una brecha creciente en el desarrollo territorial, donde el acceso a servicios y la capacidad de atraer inversión se han visto mermados en diversas zonas del país, impactando directamente en el bienestar de sus habitantes.

Región de Atacama como la más afectada

Tras una década de análisis, las ciudades de Copiapó y Vallenar se posicionan entre las ciudades con mayores retrocesos en sus indicadores a nivel nacional. El informe advierte que el deterioro no es fortuito, sino el resultado de brechas estructurales en conectividad, desarrollo económico y cohesión social que se han profundizado durante los últimos 10 años.

El estudio arroja que ambas ciudades han tenido dificultades críticas para mantener estándares de vida satisfactorios ante el crecimiento poblacional.

En Copiapó, la falta de inversión en infraestructura pública y el déficit habitacional han mermado la percepción de bienestar, mientras que en Vallenar, la fragilidad del entorno de negocios ha limitado las oportunidades de empleo local. Este estancamiento sitúa a las principales urbes de Atacama en niveles de «bajo» o «medio-bajo» rendimiento comparado con otras capitales regionales del país.

Urgencia de políticas públicas descentralizadas

Para los autores, el resultado debe ser un llamado a la acción inmediata para el Gobierno Regional y los municipios. Revertir una década de retroceso requiere de políticas públicas con enfoque territorial que no solo inyecten recursos, sino que modernicen la planificación urbana de la región.

La meta para el 2026 es frenar la caída mediante alianzas público-privadas que permitan recuperar el ambiente de negocios y mejorar la conectividad, devolviéndole a Atacama la competitividad que el desierto exige.