«Este gobierno nos ha engañado». Éstas fueron las palabras de Héctor Báez, presidente de la Agrupación de Crianceros de Illapel, con las que calificó los recortes con los que el gobierno del Presidente José Antonio Kast asestó un grave golpe a la agricultura familiar campesina de la Región de Coquimbo.

Sus declaraciones se dieron tras la reunión de trabajo convocada por el senador Daniel Núñez Arancibia (PC) y el diputado Bernardo Salinas Maya (PC), para elaborar una solicitud de restitución de recursos, asignaciones y programas de apoyo a la agricultura familiar campesina en el marco del Presupuesto 2027, la cual será entregada al presidente José Antonio Kast y al ministro de Agricultura, Jaime Campos, entre otras autoridades del agro.

«En todos los recortes siempre nos hemos visto afectados la gente que más necesita y en este caso, nosotros que vivimos en la agricultura familiar campesina, tenemos muchos problemas y queremos que se nos devuelvan. Nos han anunciado que se nos va a ir, que nos van a quitar el PADIS y el Plan Caprino», detalló Báez.

En la instancia, de la cual participaron cerca de 60 representantes de diversas organizaciones de agricultores, campesinos, crianceros, comuneros, apicultores, regantes, Servicios Sanitarios Rurales (SSR) y representantes del mundo rural de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, se manifestó la preocupación por los recortes contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Comisión Nacional de Riego (CNR), además de la eliminación o reducción de recursos destinados a programas fundamentales para la pequeña agricultura.

Al respecto, el diputado Bernardo Salinas destacó la unidad del sector:

«Tuvimos una virtud, fuimos capaces de unir muchos rubros y muy representativas de todas las comunidades agrícolas, donde todos expresaron absolutamente su indignación, pero además el apoyo a este documento y esta declaración que hemos sacado para emplazar al gobierno para que repongan los recursos que se ha quitado a esta región que por tantos años costó a los campesinos instalar sus programas y poder desarrollar su actividad económica. Esto es pelear por mantener la agricultura de familia campesina que es importantísima. Creo que esto ha sido una señal de que tenemos la fuerza, tenemos la fuerza de las organizaciones para decir al gobierno cambie su actitud, revierta lo que hizo, porque el daño es gravísimo y afecta a las familias del mundo rural», dijo el legislador.

A través de una declaración conjunta, las organizaciones advirtieron que los recortes afectan especialmente a una región que enfrenta desde hace años una prolongada escasez hídrica, los daños ocasionados por eventos climáticos recientes y el aumento de los costos de producción.

Señalaron que la disminución de los apoyos públicos pone en riesgo la continuidad de la agricultura familiar campesina, la crianza caprina, la apicultura y las actividades productivas de numerosas comunidades rurales.

Por su parte, el senador Daniel Núñez indicó que en la jornada de trabajo se puso el acento en dos ejes centrales:

«Primero, la reducción del presupuesto que tiene el INDAP para el año 2027. Esto es gravísimo, se termina en programas muy importantes como el Plan Caprino, los mercados campesinos, la disminución de los recursos en PRODESAL, esto amenaza la agricultura familiar campesina, los pequeños productores y estamos exigiendo que ahora, en el debate del presupuesto, esos recursos se repongan para el año 2027», indicó el parlamentario.

El segundo punto, agregó Núñez, tiene relación con la reconstrucción de la Región de Coquimbo:

«Es una emergencia, es una urgencia, especialmente en el mundo rural, donde tenemos lugares en que los caminos quedaron cortados, hay puentes que se vinieron abajo, hay caminos socavados y se requiere tener obviamente recursos para hacer ese proceso y mejorar la conectividad y reparar los lugares dañados», sostuvo.

Principales demandas presentadas al Ejecutivo

Entre las peticiones centrales que se realizarán al Gobierno destacan:

• Restitución de programas clave: Restituir los recursos para el programa PADIS, cuya continuidad podría verse comprometida para 2.354 familias; el Plan Caprino, destinado a entregar asistencia técnica y acompañamiento a los crianceros; y PRODESAL, que registra una reducción presupuestaria aproximada de $17.667 millones, equivalente a cerca de un 35% de sus recursos.

• Riego e inversión: Recuperar el financiamiento para obras de riego campesino y revisar las rebajas en la Comisión Nacional de Riego (CNR).

• Créditos y apoyo a la mujer rural: Garantizar los recursos para créditos, inversión productiva y asistencia técnica de INDAP, además de asegurar la continuidad de los programas de apoyo a las mujeres rurales mediante el convenio con PRODEMU.

Sobre el impacto de estas medidas, Denny Bórquez, representante de la Comunidad Agrícola Litipampa de Combarbalá, enfatizó:

«Darnos cuenta que estamos perdiendo, que para los agricultores es un golpe bajo en realidad. Pensamos que podíamos avanzar, esa es la idea, ir avanzando, pero hoy nos damos cuenta que vamos retrocediendo. Es importante que nos unamos todo lo que desarrollamos en el campo, en realidad, para poder dar la lucha y no dejarnos engañar», expresó.

Finalmente, las organizaciones solicitaron al Ejecutivo, particularmente a los ministerios de Hacienda y Agricultura, presentar las indicaciones necesarias durante la tramitación legislativa para reponer los fondos.

Asimismo, pidieron una audiencia urgente con las autoridades competentes y una respuesta formal a sus planteamientos, subrayando la urgencia de mantener los instrumentos que sostienen la economía y el desarrollo social del mundo rural en la Región de Coquimbo.