A once años de la mayor catástrofe climática de la historia reciente de Atacama, un nuevo sistema frontal vuelve a instalar la misma pregunta: ¿las inversiones realizadas son suficientes para enfrentar un evento extremo? Mientras las autoridades llaman a la calma, el monitoreo se concentra en quebradas, cauces y rutas que hace una década fueron escenario de una tragedia que dejó decenas de víctimas fatales y millonarias pérdidas.

El avance del sistema frontal sobre el norte del país reabrió inevitablemente una de las mayores heridas de la Región de Atacama. Cada pronóstico de lluvias intensas revive el recuerdo del 25 de marzo de 2015, cuando un inédito evento hidrometeorológico provocó el desborde de los ríos Copiapó y Salado, además de numerosas quebradas, dejando ciudades cubiertas por barro, miles de damnificados y una de las peores emergencias naturales registradas en Chile. 

Esta vez, el escenario es distinto. Tras más de una década de reconstrucción, el Ministerio de Obras Públicas, Senapred y los municipios enfrentan el temporal con infraestructura que no existía en 2015 y protocolos de respuesta mucho más desarrollados.

Entre las principales medidas destacan el Plan Invierno 2026, que contempla monitoreo permanente, maquinaria desplegada, vigilancia de cauces, control de rutas y coordinación entre Vialidad, Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y otros servicios públicos para responder ante activación de quebradas, crecidas de ríos y posibles aluviones. 

Las obras que ahora enfrentan su primera gran prueba

Uno de los proyectos emblemáticos corresponde a las obras definitivas de control aluvional en la quebrada Paipote, iniciativa que forma parte del denominado Plan Atacama y que considera una inversión superior a 68.600 millones de pesos sólo para ese sector.

Las intervenciones incluyen un tranque de control, ampliación de la caja de la quebrada, enrocados y defensas fluviales destinadas a disminuir la velocidad de eventuales flujos aluvionales antes de que alcancen las zonas urbanas de Copiapó. El proyecto forma parte de un programa global cercano a US$1.000 millones destinado a fortalecer la seguridad hídrica y reducir el riesgo frente a eventos extremos. 

El director nacional de Obras Hidráulicas, Claudio Darrigrandi, ha señalado que estas obras fueron diseñadas precisamente para enfrentar crecidas similares a las registradas durante el aluvión de 2015 y proteger a sectores históricamente vulnerables como Paipote. 

La amenaza sigue existiendo

Sin embargo, especialistas coinciden en que ninguna infraestructura elimina completamente el riesgo.

El propio Ministerio de Obras Públicas reconoce que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos, razón por la cual el monitoreo permanente continúa siendo tan importante como las obras físicas. Entre los puntos de mayor vigilancia permanecen las quebradas de Paipote, el río Copiapó, el río Salado y diversos cauces de las provincias de Copiapó y Huasco. 

Por ello, Senapred mantiene coordinación permanente con municipios, Carabineros, Bomberos, empresas sanitarias y eléctricas, mientras las autoridades reiteran el llamado a evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del sistema frontal.

La memoria del desastre de 2015 sigue presente. En marzo del año pasado, durante la conmemoración de los diez años del aluvión, autoridades regionales insistieron en que mantener viva esa experiencia resulta fundamental para fortalecer la cultura preventiva de la población y evitar repetir errores que costaron decenas de vidas. 

El temporal que hoy enfrenta Atacama difícilmente alcanzaría la magnitud del registrado hace once años, pero sí constituye la primera gran prueba para gran parte de las obras ejecutadas tras aquella tragedia. Su comportamiento durante este evento será observado con atención por ingenieros, autoridades y, sobre todo, por miles de habitantes que aún recuerdan cómo el barro cambió para siempre la historia de la región.