Las recientes amenazas de atentados y tiroteos en establecimientos educacionales volvieron a instalar una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un colegio para proteger a su comunidad sin vulnerar los derechos de sus estudiantes?

El tema fue abordado en Radio Madero por la abogada Francisca Henríquez, quien explicó los alcances del proyecto denominado Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la respuesta legal frente a hechos que alteren gravemente la convivencia escolar.

La conversación surge luego de semanas en que distintos colegios debieron suspender clases por amenazas, muchas veces tratadas como “bromas”, pero con efectos reales en alumnos, apoderados, profesores, directivos, policías, fiscalía y tribunales.

“Más allá de que para algunos pueda ser una broma, es grave lo que pasa”, advirtió Henríquez en conversación con la conductora de Madero en Casa, Patricia Palma, subrayando que este tipo de hechos activa denuncias, investigaciones penales y procedimientos disciplinarios internos.

Dos líneas de acción

Según explicó la profesional, el Gobierno ha impulsado dos líneas de acción. La primera apunta al ámbito penal, incorporando como agravante que ciertos delitos sean cometidos contra estudiantes, profesores o asistentes de la educación, dentro de recintos escolares o en actividades vinculadas al colegio.

La segunda iniciativa, y la que más debate ha generado, es el proyecto Escuelas Protegidas, que contempla tres puntos especialmente sensibles: la revisión de mochilas, la sanción de hechos que paralicen clases y la eventual prohibición de elementos que impidan identificar facialmente a los alumnos.

El primer eje permitiría a los establecimientos modificar sus reglamentos internos para revisar mochilas, bolsos o artículos personales, con el objetivo de impedir el ingreso de armas blancas, elementos cortopunzantes, incendiarios o cualquier objeto que represente riesgo.

La medida busca prevenir hechos graves antes de que ocurran. Sus defensores sostienen que debe primar el derecho a la vida y a la integridad física de la comunidad educativa.

Revisión de mochilas

Sin embargo, Henríquez advirtió que la revisión de mochilas abre un flanco complejo: el derecho a la privacidad. “Vienen de inmediato las preguntas: cómo pueden revisar las mochilas, quién las revisa, si debe existir consentimiento, si deben estar presentes los apoderados”, planteó.

El segundo problema es la igualdad ante la ley. Si las revisiones no son universales ni reguladas con criterios claros, podrían derivar en arbitrariedades, sesgos o estigmatización de ciertos estudiantes.

“¿Qué pasa si a un alumno se le revisa más veces que a otro?”, ejemplificó la abogada, apuntando al riesgo de que estudiantes con mala conducta previa, repitencia o antecedentes disciplinarios terminen siendo tratados como sospechosos permanentes.

El segundo eje del proyecto considera como afectación grave a la convivencia escolar cualquier hecho que produzca la suspensión total o parcial de la jornada. Esto apunta directamente a rayados, amenazas o avisos falsos que obliguen a evacuar colegios.

La finalidad es proteger el derecho a la educación y evitar que alumnos pierdan clases por actos de intimidación. Pero nuevamente aparece una línea fina: no toda paralización escolar responde a violencia o amenaza.

Enríquez advirtió que una redacción demasiado amplia podría terminar castigando manifestaciones estudiantiles legítimas, marchas o protestas frente a conflictos internos del establecimiento o demandas nacionales, como becas, alimentación escolar u otras políticas públicas.

Capuchas, gorros y pasamontañas

El tercer eje permite a los colegios restringir el uso de capuchas, gorros, pasamontañas u otros accesorios que impidan la identificación facial. La lógica es evitar el anonimato en hechos de violencia o vandalismo.

Pero la medida, vista desde regiones, plantea otra alerta: Chile no es climáticamente uniforme. “No es lo mismo Antofagasta que Magallanes”, se señaló durante la conversación, aludiendo a estudiantes que usan gorros, bufandas o capuchas por frío extremo y no para ocultar su identidad.

La abogada insistió en que el proyecto tiene un objetivo legítimo: proteger las escuelas. Sin embargo, recalcó que esa protección debe ser compatible con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

También recordó que desde los 14 años los adolescentes pueden enfrentar responsabilidad penal juvenil, aunque con reglas distintas a las de una persona adulta, atendida su edad y grado de discernimiento.

Otro punto sensible es la eventual pérdida de beneficios educacionales para personas condenadas por ciertos delitos. La advertencia es clara: una medida de ese tipo podría profundizar desigualdades, porque afectaría mucho más a quienes dependen de becas o gratuidad que a quienes pueden pagar sus estudios.

“Hay que fortalecer la seguridad y el derecho a la educación, pero nunca pasando a llevar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, resumió Henríquez.

La discusión queda abierta para padres, apoderados, profesores, directivos y centros de alumnos. Porque una ley pensada para proteger escuelas solo será efectiva si escucha a quienes viven todos los días dentro de ellas.