En medio de la crisis de criminalidad que golpea al país, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) lanzó una grave denuncia que pone en la mira la estrategia de seguridad del Ejecutivo.

Según el parlamentario, una instrucción emanada desde el Ministerio de Hacienda propone descontinuar programas emblemáticos como el Plan Calle Sin Violencia y el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado.

La noticia ha generado un terremoto político, ya que estas iniciativas son consideradas piezas clave en el combate a los delitos de mayor connotación social y los homicidios.

«Una pandilla política»: La dura acusación de Araya

El diputado, quien integra la Comisión de Seguridad de la Cámara, calificó la medida como una irresponsabilidad de proporciones históricas. Araya no escatimó en adjetivos para criticar la gestión del Presidente José Antonio Kast, acusando al Gobierno de «mentir» respecto a sus compromisos de campaña en materia de orden público.

“¿Qué es lo que pretenden, que definitivamente el crimen organizado se tome Chile? Son unos mentirosos, comprometieron seguridad y lo que están haciendo es pasarle tijera a uno de los planes más exitosos”, sentenció.

Desmantelamiento de equipos contra el crimen organizado

La preocupación del legislador radica en que la instrucción de Hacienda no solo afectaría el despliegue territorial, sino que obligaría a desarmar los equipos especializados en homicidios y crimen organizado que se han conformado en el último tiempo.

Araya fue más allá en su crítica, planteando dudas sobre las motivaciones detrás de este recorte: “Uno legítimamente se puede preguntar hoy día si no habrán nexos del crimen organizado con esta pandilla política”, advirtió de forma tajante.

Ofensiva legislativa para frenar el recorte

Ante este escenario, el diputado anunció que utilizará todas las facultades del Congreso para evitar que el instructivo de Hacienda se materialice. La estrategia legislativa buscará blindar los recursos destinados a seguridad durante la discusión presupuestaria, asegurando que el combate a la delincuencia no sufra mermas financieras.

El parlamentario enfatizó que defenderán la continuidad de los planes «con todas las fuerzas», buscando el apoyo de diversas bancadas para frenar lo que considera un abandono de deberes por parte del Estado.

Acciones contra el Gobierno en el horizonte

Finalmente, Jaime Araya advirtió que la gravedad de esta situación podría derivar en acciones directas contra la administración central. Al asegurar que «no se puede dejar a Chile en manos del crimen organizado», el diputado dejó la puerta abierta a medidas de fiscalización más severas o incluso acusaciones constitucionales si no se revierte la intención de eliminar los planes de seguridad vigentes La polémica recién comienza y promete ser el eje de una nueva batalla política entre el Congreso y La Moneda durante el 2026.