Nuevos antecedentes han surgido sobre la vida del estudiante de 18 años que protagonizó el trágico incidente en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama.

Según revelan testimonios de su entorno, el joven contaba con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y destacaba activamente en el Taller de Teatro del establecimiento. Estos detalles han abierto un intenso debate sobre el seguimiento de las necesidades educativas especiales y la salud mental dentro de la comunidad escolar, previo al ataque que terminó con la vida de una inspectora.

El clamor de los apoderados

Apoderados del establecimiento han alzado la voz durante las últimas dos semanas, para denunciar una presunta negligencia por parte de la directiva. Según los testimonios, no se habrían aplicado los protocolos de acompañamiento adecuados para un estudiante con su condición, ni se atendieron las señales de alerta que habrían manifestado sus propios compañeros. Las familias critican que el colegio se enfocó en una «normalidad» administrativa, ignorando las complejidades emocionales que terminaron detonando en el violento suceso del pasado 31 de marzo.

«Aquí hubo una negligencia clara. El colegio sabía de las condiciones y de los problemas que se estaban gestando, pero prefirieron mirar hacia el lado hasta que ocurrió esta tragedia”, expresó una de las madres sobre el abandono que sienten las familias respecto a la seguridad y convivencia

Arte versus aislamiento

El perfil del adolescente antes del crimen muestra un contraste profundo. Por un lado, su participación en las artes escénicas donde parecía encontrar un espacio de expresión, y por otro, un creciente aislamiento que no fue detectado a tiempo por el equipo de convivencia escolar. Esta dualidad es hoy el centro de los cuestionamientos judiciales y sociales, pues se busca determinar si el sistema escolar falló en proveer un entorno seguro tanto para el joven con TEA como para el resto de la comunidad educativa.

Actualmente, la investigación busca esclarecer si existieron episodios de acoso previo o falta de mediación que influyeran en la conducta del menor. Mientras tanto, la comunidad de Calama exige cambios estructurales en la gestión de protocolos de salud mental escolar para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse.

Intento de inimputabilidad

La Defensoría Penal Pública argumentó que el joven de 18 años padece problemas de salud mental, destacando trastornos como ideación suicida, trastorno de personalidad narcisista, rasgos de personalidad paranoide e incluso catalogado como antisocial, por lo cual podría llegar a ser inimputable.

Sin embargo, el Tribunal rechazó las razones y acogió la tesis del Ministerio Público. De acuerdo al informe previo del Servicio de Salud de Antofagasta, el acusado no presentaba «alteraciones del pensamiento que impidieran comprender la gravedad de sus actos», quedando en prisión preventiva durante los 180 días que dure la investigación.