Las elecciones de juntas de vecinos en Antofagasta enfrentan cuestionamientos judiciales tras la presentación de reclamaciones relacionadas con presuntas irregularidades en distintos procesos de renovación de directivas.

Los antecedentes corresponden a la Junta de Vecinos La Portada, la Junta de Vecinos N.º 8 La Favorecedora y el Centro de Desarrollo Social y Comunitario Última Salitrera. Los casos incluyen denuncias sobre padrones electorales, participación de socios y procedimientos administrativos, aunque solo uno de ellos cuenta con una sentencia de nulidad acreditada en la documentación examinada.

El caso más significativo corresponde a la Junta de Vecinos La Portada, cuyas elecciones del 3 de agosto de 2025 fueron anuladas mediante una sentencia dictada el 26 de agosto de 2026.

El Tribunal Electoral Regional de Antofagasta estableció que, de los 168 participantes en la votación, 100 habían sido incorporados irregularmente al registro de socios, situación que comprometió la validez del proceso y motivó la orden de realizar nuevos comicios.

De acuerdo con la resolución judicial, la organización contaba con 296 afiliados registrados al momento de las elecciones.

Sin embargo, el tribunal constató que 117 personas fueron inscritas después del término del período de la directiva anterior, pese a que la comisión electoral no tenía atribuciones para incorporar nuevos socios. De ellas, 100 participaron en la votación, lo que representó cerca del 60% de los sufragantes y constituyó una irregularidad con capacidad suficiente para alterar el resultado electoral.

La Favorecedora

Otro proceso cuestionado corresponde a la Junta de Vecinos N.º 8 La Favorecedora, cuyas elecciones se realizaron el 27 de junio de 2026. La reclamación presentada ante el tribunal sostiene que el padrón electoral habría disminuido desde un universo histórico aproximado de 700 socios hasta solo 87 personas habilitadas para votar.

El documento también cuestiona la escasa competencia entre candidaturas y consigna 20 votos nulos, antecedentes cuya legalidad y alcance requieren una determinación judicial.

La controversia en La Favorecedora también incluye acusaciones sobre presuntas irregularidades en la administración de recursos comunitarios.

El reclamante cuestionó el depósito de cuotas sociales en cuentas bancarias personales, la rendición de gastos de períodos anteriores y conflictos relacionados con la administración de la sede vecinal. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada y no constituyen hechos judicialmente acreditados en los documentos disponibles.

El 3 de agosto de 2026, el tribunal tuvo por interpuesta la reclamación y solicitó antecedentes a la Municipalidad de Antofagasta.

Centro de Desarrollo Social y Comunitario Última Salitrera

Una tercera reclamación involucra al Centro de Desarrollo Social y Comunitario Última Salitrera, ubicado en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez. Sus elecciones del 22 de agosto de 2026 fueron impugnadas por presuntas deficiencias en la difusión de la convocatoria, que, según el denunciante, se habría realizado mediante grupos de WhatsApp sin incluir a todos los socios.

También se cuestionaron los horarios establecidos para sufragar, la presencia de solo dos integrantes de la comisión electoral y las dificultades que habrían enfrentado personas con problemas de salud para participar.

En este último caso, la denuncia también menciona la supuesta exigencia de mantener cuotas sociales al día como condición para votar y cuestionamientos por fotografías tomadas a participantes durante el registro electoral.

Mediante una resolución del 7 de septiembre de 2026, el Tribunal Electoral Regional tuvo por presentada la reclamación y solicitó al municipio antecedentes sobre la convocatoria, los estatutos, el padrón y las actas del proceso. La documentación revisada no acredita una sentencia definitiva ni la anulación de estas elecciones.

Los tres casos ponen en discusión la transparencia y el cumplimiento de las normas que regulan las elecciones de juntas de vecinos en Antofagasta, especialmente respecto de la conformación de los padrones, la difusión de las convocatorias y las atribuciones de las comisiones electorales.

Mientras la sentencia de La Portada demuestra que una inscripción irregular de socios puede invalidar una elección, las reclamaciones de La Favorecedora y Última Salitrera plantean situaciones que aún requieren esclarecimiento.

La revisión de las resoluciones posteriores y las respuestas de las organizaciones involucradas será fundamental para determinar el desenlace de estos conflictos comunitarios.