La denuncia por amenazas de muerte realizada por el diputado por Antofagasta Jaime Araya escaló durante las últimas horas desde el ámbito político al judicial y comunicacional, luego de que el parlamentario acusara haber recibido cientos de llamados, mensajes e intimidaciones tras sus declaraciones sobre la denominada “megarreforma” impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

El parlamentario independiente ligado al PPD aseguró que la situación comenzó luego de participar en el podcast “Provócame”, instancia donde anunció una ofensiva legislativa con miles de indicaciones al denominado Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa emblemática del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast.

En ese espacio, Araya habló de un eventual “tsunami” de indicaciones, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una fuerte reacción política.  

Compartieron su número telefónico

Según denunció posteriormente, tras difundirse extractos del programa y publicaciones asociadas en redes sociales, su número telefónico personal habría sido compartido masivamente en grupos y plataformas digitales, provocando una ola de hostigamientos directos.

De acuerdo con lo informado por el propio diputado, comenzó a recibir mensajes intimidatorios, insultos y amenazas de muerte provenientes de distintos números, algunos incluso desde el extranjero.

La situación fue confirmada públicamente por la bancada del PPD e Independientes, que emitió una declaración denunciando una “campaña de hostigamiento y violencia política”.

700 llamadas el fin de semana

En entrevistas posteriores, Araya sostuvo que durante un solo fin de semana recibió cerca de 700 llamados telefónicos con insultos y amenazas, situación que vinculó directamente a sectores de extrema derecha molestos con la estrategia parlamentaria anunciada frente al proyecto gubernamental.  

“Hay gente que no cree en las herramientas de la democracia”, señaló el parlamentario en declaraciones reproducidas por distintos medios nacionales, insistiendo en que las amenazas buscan inhibir el debate político y presionar a quienes se oponen a determinadas iniciativas legislativas.  

La controversia adquirió rápidamente alcance nacional. Medios como  T13,  El Mostrador,  The Clinic,  Emol y  Meganoticias abordaron el caso, instalando el debate sobre violencia política, exposición de datos personales y radicalización del debate público en redes sociales.

Violencia digital

El episodio también abrió cuestionamientos sobre los límites del enfrentamiento político en plataformas digitales y el eventual uso coordinado de campañas de hostigamiento contra autoridades públicas. Desde sectores oficialistas y de oposición surgieron distintas reacciones, algunas solidarizando con el diputado y otras cuestionando el tono utilizado inicialmente por Araya para referirse al proyecto del Gobierno.  

Mientras tanto, el debate legislativo continuó avanzando en el Congreso con más de 1.600 indicaciones ingresadas al proyecto, en medio de un clima político especialmente tensionado y marcado por la polarización en redes sociales.  

Hasta ahora, el parlamentario no ha detallado públicamente si presentará acciones judiciales formales ante el Ministerio Público, aunque insistió en que las amenazas recibidas representan un riesgo para la convivencia democrática y para el ejercicio de la representación política en el país.