Desde Copiapó, como atacameño, creo que debemos plantear una exigencia compartida con Antofagasta y Coquimbo: que la riqueza minera del norte se convierta en desarrollo para nuestras comunidades. Nos une una actividad decisiva para Chile y una pregunta pendiente sobre cómo distribuir mejor sus oportunidades. Mi convicción es que nuestras tres regiones tendrán más fuerza si acuerdan prioridades comunes y las defienden juntas.

Atacama ofrece una comparación reveladora. Según el Banco Central, nuestra economía creció 15,3% en 2025, impulsada por la minería, mientras el consumo de los hogares aumentó apenas 1%. En Antofagasta, el PIB creció 1,6% y el consumo 2,7%; en Coquimbo, 2,5% y 2,7%, respectivamente. Son indicadores distintos y no miden directamente la distribución de ingresos, pero la distancia atacameña obliga a preguntarnos por qué una expansión productiva tan importante tiene una expresión tan modesta en el gasto de las familias.

El empleo refuerza esa preocupación. En junio-agosto de 2026, la desocupación alcanzó 9,5% en Atacama y 9,4% en Coquimbo, frente al 6,3% de Antofagasta. Sería equivocado afirmar que vivimos situaciones idénticas. Sin embargo, el menor desempleo antofagastino tampoco resuelve toda la discusión: sus personas ocupadas disminuyeron 0,4% en un año y la informalidad llegó a 20,9%, aumentando 3,3 puntos porcentuales. El desafío común incluye tanto encontrar trabajo como mejorar su estabilidad y protección.

La importancia nacional de la minería hace razonable esta exigencia. Cochilco informa que en 2025 representó 61,19% de las exportaciones chilenas. Ese aporte permite sostener que el desarrollo de los territorios mineros debe ser una prioridad del país. La inversión productiva necesita acompañarse de ciudades capaces de ofrecer vivienda, servicios, conectividad y oportunidades para las familias que sostienen esa actividad.

El crecimiento puede ampliar la producción sin extender suficientemente sus beneficios al resto de la economía regional. Por eso debiera ser que Antofagasta, Atacama y Coquimbo acuerden una política de proveedores y formación laboral: programas de primera experiencia para jóvenes y mujeres, apoyo técnico para pequeñas empresas y seguimiento público de las compras y contrataciones regionales. Debemos evaluar cuántas capacidades quedan instaladas en nuestros territorios después de cada inversión.

Una segunda prioridad debe ser una cartera compartida de infraestructura y servicios, con responsables, financiamiento y fechas verificables. Las necesidades de transporte, agua y desarrollo urbano deben planificarse considerando tanto la actividad industrial como la vida de las comunidades. Coordinar proyectos entre regiones permitiría defender inversiones por su utilidad para todo el norte minero y evitar que cada territorio deba negociar aisladamente.

Esa agenda también debe fortalecer la pequeña minería y ampliar nuestras alternativas económicas. El turismo, la agricultura, la pesca, la cultura y los servicios necesitan espacio en una estrategia regional de largo plazo. Vincularlos mejor con las oportunidades mineras puede ayudar a construir economías capaces de resistir los cambios del sector. Para ello, autoridades, universidades, trabajadores, empresarios y organizaciones sociales de las tres regiones debieran establecer compromisos medibles y rendir cuentas de sus avances.

Desde Copiapó, debemos transformar nuestro peso productivo en capacidad de decisión. Antofagasta, Atacama y Coquimbo pueden construir una voz común sin perder sus identidades. La prueba de nuestro progreso será que una familia encuentre trabajo protegido, que una empresa local pueda crecer y que un joven tenga oportunidades para quedarse. Esa es la riqueza que el norte merece construir.