El diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), envió un oficio a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, solicitando una auditoría completa al proceso de traspaso desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, el cual se concretó formalmente el 1 de enero de 2025.

Esta solicitud surge tras una investigación liderada por el propio parlamentario en conjunto con el concejal de Calama, Claudio Maldonado. De acuerdo con los antecedentes recabados, existirían posibles irregularidades en la transferencia de activos y recursos financieros que debían ser entregados al SLEP conforme a lo establecido por la ley.

Entre los puntos más críticos detectados por ambos representantes se encuentran eventuales omisiones en la entrega de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, contratos, servicios y recursos autogenerados. En particular, se advierte una falta de trazabilidad en los ingresos provenientes del arriendo de kioscos escolares, administrados durante años por COMDES sin una rendición financiera clara durante el traspaso.

Según explicó el diputado Castro, el proceso debía asegurar la continuidad del servicio educativo y el resguardo de los recursos públicos. Sin embargo, indicó que existen indicios preocupantes de que no se realizó una auditoría ni un inventario exhaustivo, tal como exige la Ley N° 21.040 en su artículo vigésimo primero transitorio. Esta situación, advirtió, pone en riesgo la transparencia del proceso y la correcta utilización de los fondos.

En el oficio, el parlamentario solicita a la Contraloría verificar el traspaso de las cuentas bancarias, junto con sus saldos y conciliaciones; determinar quién administra actualmente los arriendos de kioscos escolares y qué rendición realizó COMDES sobre esos ingresos; y confirmar la entrega efectiva de todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, contratos y servicios vinculados a la gestión educativa.

Castro también pidió que, en caso de detectarse irregularidades, se apliquen las sanciones administrativas correspondientes y, de ser necesario, se remitan los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

Finalmente, el legislador recalcó la importancia de que los recursos públicos destinados a la educación estén completamente resguardados, enfatizando que cualquier omisión, negligencia o irregularidad debe ser investigada y sancionada.