La situación más crítica para el sector productivo regional se focaliza en la Ruta D-215, arteria clave que conecta la localidad de Marquesa con faenas de pequeña y mediana minería. Las bajadas de agua y aluviones por quebradas destruyeron tramos del camino inaugurado hace dos años, impidiendo el paso de camiones de carga e insumos pesados a mineras como Delirio, San Gerónimo, Del Valle y Arqueros.

El gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (Corminco), Ignacio Pinto, advirtió ante la Comisión de Economía del Senado sobre el impacto productivo de este bloqueo: «En coordinación con el MOP, las empresas mineras han dispuesto maquinaria… Es una situación que nos preocupa especialmente por la necesidad de movilizar camiones… Hay un tema de producción, pero también de puestos de trabajo que esperamos no se vean afectados», sostuvo el dirigente gremial.

Entre las consecuencias más alarmantes expuestas en la sesión destacan:

• Postergación de puesta en marcha: El proyecto minero Arqueros, con un 98% de avance en su edificación, debió aplazar su hito de inicio de operaciones fijado para diciembre.

• Millonarias pérdidas económicas: La contingencia vial y logística ya genera costos estimados en US$ 10 millones para la compañía.

• Riesgo en la fuerza laboral: Cerca de 3.000 trabajadores directos e indirectos de la minería en el sector dependen de la restitución del tránsito pesado.

Puente El Arrayán y la afectación al agro, pisco y turismo

A la crisis en Marquesa se suma el cuello de botella en el sector del puente El Arrayán, conector estratégico del Valle del Elqui hacia los puertos y mercados distribuidores. Actualmente, el tránsito opera bajo medidas de emergencia a la espera de la instalación de un puente mecano por parte del MOP, obligando a camiones con cosechas agrícolas y producciones pisqueras a realizar desvíos por rutas alternativas que encarecen el transporte.

Los alcaldes de Vicuña, Mario Aros, y de La Serena, Daniela Norambuena, instaron al Gobierno a acelerar las soluciones definitivas en la zona limítrofe comunal. Las autoridades locales enfatizaron que la emergencia vial corre el riesgo de mutar hacia una crisis social y productiva, de no concretarse a la brevedad la habilitación de carpetas de rodado para transporte de alto tonelaje.