La controversia suscitada en torno al resultado del test de drogas aplicado al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, escaló en el debate político nacional tras los duros cuestionamientos realizados a los procedimientos de control del Estado. En este contexto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) intervino para exigir el estricto apego al marco regulatorio y rechazar la validez de peritajes privados realizados fuera de los plazos y canales oficiales.

El parlamentario enfatizó que la discusión pública no debe desviarse hacia exámenes particulares ni a especulaciones sobre el proceso, sino que debe resolverse mediante la apertura y análisis de la contramuestra que permanece debidamente resguardada.

«Si a usted lo paran en un control y da positivo en el alcotest, no puede llegar tres semanas después con un examen particular y decir que el primero no vale», afirmó el legislador para ejemplificar la invalidez procedimental de presentar muestras posteriores.

Instancia legal y cadena de custodia

En relación con el nuevo examen presentado por la exautoridad, se ratificó que dicho elemento no posee el peso jurídico ni técnico para invalidar la prueba inicial tomada bajo el protocolo del organismo contralor.

«Presentó otro examen, con otra muestra y en otro laboratorio. Eso no reemplaza la contramuestra oficial ya tomada y guardada bajo cadena de custodia. Que se analice la contramuestra oficial conforme al procedimiento de Contraloría. Si sale negativa, se termina la controversia. Si sale positiva, también. La pregunta es por qué no lo han hecho», argumentó Manouchehri.

Defensa de la institucionalidad y del laboratorio acreditado

La controversia tomó un giro de mayor gravedad luego de que el propio exsubsecretario junto a parlamentarios del Partido Republicano pusieran en duda la idoneidad del laboratorio a cargo del primer peritaje, sugiriendo presuntas irregularidades en la toma de la muestra e insinuando que el mechón de cabello analizado podría corresponder a otro caso.

Ante estas imputaciones, se advirtió sobre el impacto institucional de sembrar dudas sin antecedentes concretos sobre un establecimiento certificado que presta servicios al Estado:

«Estas son acusaciones gravísimas contra un laboratorio acreditado y que ponen en duda todos los test realizados por el Gobierno. Si tienen pruebas, preséntenlas. Lo serio es dejar las teorías conspirativas y respetar el protocolo: que se analice la contramuestra oficial», concluyó el parlamentario.

El caso mantiene en vilo al escenario político mientras se define el futuro de la contramuestra, en una discusión que reabre el debate sobre la efectividad, transparencia y cumplimiento de los mecanismos de fiscalización aplicados a las altas autoridades del país.