En la Región de Antofagasta se llevó a cabo un operativo de desalojo y demolición de viviendas levantadas de forma irregular en terrenos fiscales del macrocampamento Los Arenales, en la comuna de Antofagasta.

La acción fue ejecutada de manera coordinada entre personal de Carabineros de Chile y la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Antofagasta, en el marco de procedimientos destinados a resguardar el uso legal de terrenos fiscales y dar cumplimiento a resoluciones administrativas asociadas a ocupaciones irregulares.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el procedimiento contempló la intervención de estructuras habitacionales levantadas sin autorización en un sector que ha sido identificado como parte de los asentamientos informales de mayor crecimiento en la ciudad.

El operativo se desarrolló en un contexto de alta sensibilidad social, considerando la magnitud del fenómeno de los campamentos en la región y la presión habitacional que afecta a la comuna de Antofagasta.

Detenciones previas por construcción ilegal en el mismo sector

Un antecedente relevante en el mismo punto territorial ocurrió el pasado 27 de abril, cuando dos personas fueron detenidas por personal policial en el sector de Los Arenales, imputadas por construcción ilegal en terrenos fiscales.

Según lo informado en ese momento, los sujetos habrían sido sorprendidos desarrollando obras sin autorización, lo que motivó su detención y la adopción de medidas policiales conforme a los procedimientos vigentes.

Este hecho se enmarca en una serie de intervenciones que han buscado frenar la expansión de construcciones irregulares dentro del macrocampamento, donde las autoridades han advertido un crecimiento sostenido de ocupaciones no regularizadas.

Campamentos en Antofagasta: una problemática estructural en expansión

El caso de Los Arenales se inserta en un escenario regional más amplio. De acuerdo con el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025 elaborado por TECHO-Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en la Región de Antofagasta existen 154 campamentos activos, donde viven 15.855 familias.

Solo en la comuna de Antofagasta se concentra la mayor presión habitacional, con 116 asentamientos informales que reúnen a más de 10.500 familias, consolidando a la ciudad como uno de los principales focos de campamentos a nivel nacional.

El mismo informe ha advertido que el fenómeno no es estático, sino que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con un aumento cercano al 23,6% en la cantidad de familias residentes en campamentos en el último periodo medido.

Factores asociados al aumento de asentamientos informales

Diversos estudios de TECHO-Chile y análisis del sector público han identificado múltiples factores que explican la expansión de los campamentos en la región.

Entre ellos destacan el alto costo de los arriendos en la zona, el déficit de viviendas sociales disponibles, y la presión demográfica asociada tanto a la actividad minera como a procesos migratorios.

En encuestas aplicadas a familias que residen en campamentos, más del 90% ha señalado que el costo del arriendo fue el principal motivo para instalarse en un asentamiento informal, lo que evidencia una problemática vinculada directamente al acceso a vivienda asequible.

Condiciones de vida y desafíos urbanos en la región

Las condiciones dentro de estos asentamientos son heterogéneas, pero en gran parte de ellos persisten situaciones de precariedad habitacional, con viviendas de material ligero o construcción progresiva sin estándares formales.

Asimismo, se reporta acceso irregular a servicios básicos como agua potable y electricidad, lo que impacta en la calidad de vida de las familias, incluyendo a niños, niñas y personas mayores que habitan estos espacios.

Este escenario ha generado una creciente preocupación en torno a la planificación urbana y la capacidad de respuesta del Estado frente a un fenómeno que se ha consolidado como estructural en la Región de Antofagasta.

Respuesta institucional y tensiones del déficit habitacional

Frente a esta realidad, las autoridades han impulsado distintas líneas de acción que combinan procesos de construcción de vivienda social, compra de terrenos y estrategias de urbanización progresiva.

Sin embargo, la persistencia de operativos como el desarrollado en Los Arenales refleja la tensión entre la necesidad de recuperar terrenos fiscales y la urgencia habitacional que enfrentan miles de familias en la región.

Expertos y organizaciones sociales han advertido que, pese a los esfuerzos institucionales, el ritmo de respuesta habitacional aún no logra equipararse al crecimiento del déficit, especialmente en territorios con alta demanda como Antofagasta.

En ese contexto, el caso de Los Arenales vuelve a poner en el centro del debate la complejidad del fenómeno de los campamentos y los desafíos que enfrenta la política habitacional en el norte del país.