Denunciar violencia intrafamiliar no termina en la comisaría ni en el tribunal: para muchas mujeres, ese es apenas el punto de partida de un proceso marcado por la lentitud, la falta de seguimiento y un trato institucional que puede terminar por desalentar incluso a quien ya reunió el valor de dar el paso. Así lo relató Cecilia González Escobar, escritora, sobreviviente de violencia intrafamiliar y autora del libro Levántate, que mañana será más bonito, en conversación con el programa Atacama Escucha con Pancho Madero.

Cecilia González, autora del libro «Lévantate mañana será bonito»

González, quien además tiene una trayectoria de casi 26 años en el servicio público, decidió escribir su primer libro después de identificar que su experiencia —vivida en silencio, como ella misma la describe— era compartida por muchas otras mujeres que atraviesan lo que llama un «espiral» de violencia. Pero más allá de la historia personal, su testimonio sobre el proceso de denuncia pone en evidencia un problema estructural que las cifras oficiales también confirman.

Según el Boletín Regional Atacama del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), basado en registros administrativos de Carabineros y la PDI durante 2024, la violencia intrafamiliar fue el delito más denunciado dentro de la categoría de «otros delitos que atentan contra la vida e integridad de las personas» en la región, con una tasa de 779,4 denuncias por cada 100.000 habitantes. En la misma categoría, se registraron 846,3 víctimas de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, siendo las mujeres la mayoría de ellas.

El boletín también muestra una brecha relevante entre victimización y denuncia: de acuerdo con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024, el 28,9% de los hogares de Atacama fue víctima de algún delito consultado en la encuesta, pero solo el 37,7% de esos casos fue denunciado formalmente ante las autoridades. Es decir, más de seis de cada diez hechos delictivos —entre ellos, buena parte de los episodios de violencia intrafamiliar— nunca llegan a un registro oficial.

Ese dato es el reflejo de un fenómeno que Cecilia González describió: la decisión de denunciar violencia intrafamiliar rara vez es simple, y cuando finalmente se toma, el sistema no siempre está a la altura de esa decisión.

Los baches del sistema que enfrentó Cecilia González al denunciar violencia intrafamiliar

Consultada sobre su experiencia concreta al acudir a las instituciones, González fue clara: encontró dificultades tanto dentro de sí misma —el peso del prejuicio social, la vergüenza, el temor a lo que pensarían familiares y amigos— como en el propio sistema de justicia y protección.

Un trato que cuestiona en lugar de acompañar

Uno de los primeros obstáculos que identificó fue el trato recibido al momento de concurrir a tomar la denuncia. González relató que, en más de una ocasión, sintió que el proceso la trataba casi como si ella fuera la responsable de lo ocurrido, una dinámica que dificulta que una mujer se reconozca a sí misma como víctima, sobre todo cuando ha normalizado durante años las conductas de violencia que vive.

La lentitud entre tribunales y fiscalía

El segundo bache que describió tiene que ver con los tiempos institucionales. González contó que tuvo que acudir cerca de diez veces a la fiscalía solo para consultar el estado de su trámite, en medio de un temor constante por su seguridad. A esto se sumó una descoordinación entre instituciones, antecedentes que, según le informaban desde el tribunal de familia, ya habían sido enviados a fiscalía, pero que esta última aseguraba no haber recibido. El resultado fue un ir y venir entre ambas instancias, sin que González lograra siquiera acceder a una conversación directa con el fiscal a cargo de su causa para conocer el estado real del proceso.

Medidas de protección sin seguimiento

Uno de los puntos más críticos de su relato fue la inefectividad de las órdenes de alejamiento decretadas a su favor. González explicó que, al no existir una supervisión efectiva de esas medidas, la persona que la agredía continuó acercándose a su domicilio con normalidad, sin que aquello significara ninguna consecuencia inmediata. Esa falta de control, dijo, la mantuvo en un estado permanente de inseguridad, incluso después de haber denunciado.

La combinación de estos factores —trato cuestionador, lentitud administrativa y medidas de protección que no se cumplen en la práctica— es, según González, una de las razones por las que muchas mujeres terminan desistiendo de sus denuncias. 

De la denuncia a la escritura: un libro pensado para otras mujeres

Ese mismo proceso fue lo que impulsó a González a escribir Levántate, que mañana será más bonito. La autora contó que la idea del libro surgió en un momento de dolor concreto, cuando se preguntó cuántas otras mujeres podrían estar viviendo una situación similar en silencio, sin hablarlo con nadie.

Desde su publicación, González ha recibido testimonios de lectoras que se identificaron con su historia, incluyendo el caso de una mujer mayor que, pese a ya no convivir con su agresor, seguía cargando con el dolor del proceso vivido. Para la autora, ese tipo de mensajes confirman que el libro está cumpliendo su propósito, mostrar que es posible salir del círculo de violencia, sin que eso signifique minimizar lo difícil que resulta ese camino ni exigir plazos o fórmulas únicas para lograrlo.

El llamado de Cecilia González a las autoridades

Consultada sobre qué le pediría a quienes trabajan en las instituciones que reciben denuncias de violencia intrafamiliar, González apuntó a un cambio de mirada más que a una medida específica, que la ley se cumpla efectivamente y que los procesos se agilicen, pero sobre todo, que quienes trabajan en esos organismos dejen de ver cada causa como un expediente o una meta más y comprendan que detrás de cada trámite hay personas —y familias completas— atravesando una situación de sufrimiento.

Esa demanda por mayor sensibilidad institucional no reemplaza la necesidad de cambios estructurales —como el seguimiento real de las medidas de protección o la coordinación efectiva entre tribunales de familia y fiscalía—, y apunta a la forma en que el sistema trata a quienes se atreven a denunciar puede ser, en sí misma, una barrera adicional.