Las secuelas del violento e histórico sistema frontal que azotó a la Región de Coquimbo no solo continúan generando estragos en la conectividad y el aparato productivo local, sino que también desencadenaron una visible fractura en la vocería y en el diagnóstico de las autoridades a cargo de gestionar la catástrofe.

La controversia estalló tras los dichos del delegado presidencial regional, Víctor Pino Fuentes, quien aseguró públicamente que la zona «está saliendo de la etapa de la emergencia» para dar paso de forma gradual a la fase de habitabilidad y recuperación. Las palabras de la autoridad representante del Palacio de La Moneda en el territorio generaron un inmediato distanciamiento por parte del gobernador regional, Cristóbal Juliá, quien discrepó de manera categórica con dicha lectura del escenario actual.

«La emergencia aún no termina»: El emplazamiento de Juliá

Para el gobernador regional, dar por superada la fase más álgida de la crisis resulta apresurado e invisibiliza la realidad que enfrentan miles de habitantes en las tres provincias de la región (Elqui, Limarí y Choapa). Juliá remarcó que, aun cuando se han registrado avances puntuales en el despeje de vías principales y la reposición paulatina del suministro eléctrico, la contingencia humana y económica sigue plenamente activa.

«La emergencia aún no termina y, por lo mismo, nuestra prioridad sigue siendo atender las necesidades más urgentes de las personas y articular las soluciones que esta situación requiere. Todavía hay familias, productores y comunas que enfrentan las consecuencias de esta emergencia y necesitan una respuesta oportuna y coordinada», aseveró con firmeza el Gobernador.

La autoridad enfatizó que acelerar el paso discursivo hacia la etapa de reconstrucción corre el riesgo de descuidar los operativos de primera respuesta, como la entrega de agua potable, alimentos, forraje para el ganado y la asistencia sanitaria en zonas rurales golpeadas por el barro y el aislamiento.

Un choque de prioridades en el territorio

El choque de visiones entre ambas autoridades expone el debate sobre cómo administrar los tiempos presupuestarios y logísticos de la catástrofe. Mientras la Delegación Presidencial destaca los hitos de conectividad parcial logrados por el Ministerio de Obras Públicas, desde el Gobierno Regional insisten en que los daños estructurales en el sector agrícola y la pérdida de puestos de trabajo exigen mantener la alerta máxima.

Radiografía del debate sobre la situación regional

Juliá concluyó señalando que el Gobierno Regional se mantendrá desplegado en terreno para asegurar la llegada de fondos de emergencia directamente a los municipios, reiterando el llamado al nivel central a no dar por cerrada la fase crítica mientras persistan familias sin agua, vivienda ni conectividad garantizada.