El panorama del «oro blanco» en Chile ha dado un vuelco histórico tras casi dos décadas de disputas legales y administrativas, despejando el horizonte judicial del proyecto liderado por la filial Simco del Grupo Errázuriz.

Con la reciente resolución favorable del Primer Tribunal Ambiental y la ratificación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la empresa se convierte en el tercer gran actor en la producción de litio en el país, fuera de la esfera de SQM y Albemarle.

El fin de la «incerteza jurídica» y la era de la permisología

La aprobación de este proyecto pone fin a uno de los procesos de tramitación más extensos en la historia de la minería chilena. Durante 17 años, la iniciativa debió sortear complejos desafíos, incluyendo la superposición de pertenencias mineras, rigurosas Consultas Indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y estrictas exigencias sobre el uso de recursos hídricos.

Este caso ha sido destacado por analistas como el ejemplo máximo de la urgencia de reformar la «permisología» en Chile. Según el informe «Competitividad Minera y Barreras Administrativas» (2025) de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), una tramitación que supera los 15 años reduce la ventana de oportunidad competitiva en la carrera global por el litio, afectando la atracción de capitales frescos.

Tecnología de Extracción Directa de Litio

A diferencia de los métodos convencionales de evaporación solar, Simco ha apostado por la Extracción Directa de Litio (EDL), alineándose con las exigencias de sostenibilidad de la Estrategia Nacional del Litio de 2026.

• Inversión: Supera los US$ 600 millones.

• Producción: Se estiman 20.000 toneladas de Carbonato de Litio equivalente (LCE) anuales.

• Sustentabilidad: El proyecto se compromete a la reinyección de salmuera procesada, minimizando la pérdida de agua y manteniendo el balance hídrico del acuífero.

Alianza Estratégica con el Estado y Codelco

Bajo el nuevo marco regulatorio, el Grupo Errázuriz operará bajo un modelo de asociación público-privada en coordinación con Codelco y la Empresa Nacional del Litio. Este acuerdo garantiza que el Estado participe de las utilidades y supervise el control ambiental. Además, se incluye una cláusula de valor agregado: una parte de la producción se suministrará a precio preferencial para empresas que instalen plantas de componentes de baterías en la Región de Antofagasta.

Impacto en el empleo y desarrollo regional

Se estima que la fase de construcción, prevista para iniciar formalmente hacia finales de 2027, generará:

• 1.500 empleos durante la construcción.

• 500 puestos permanentes para la fase de operación.

• Convenios de beneficio directo con las comunidades Lickanantay para el desarrollo de infraestructura hídrica y educación técnica.

Con este paso, Chile reafirma su posición en el mercado global, integrando nuevos actores bajo estándares tecnológicos de menor impacto ambiental y mayor beneficio social para las comunidades de la cuenca del Salar.