La decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de trasladar a Santiago una de las aristas más relevantes del Caso Fundaciones comenzó a generar interpretaciones jurídicas y políticas sobre el verdadero origen de la operación investigada en el caso Democracia Viva.

Así lo precisa el periodista especializado en tribunales Mario Antonio Guzmán, para quien el fallo “cambia el eje” de la investigación y redefine dónde se habría estructurado inicialmente el eventual fraude al Fisco.

¿Por qué esa interpretación y qué significa para la Fiscalía de Antofagasta?

Es un duro golpe para la Fiscalía, pero reordena el panorama de la imputación y garantiza a los imputados y futuros acusados a un juicio oral con jueces imparciales.

Primer acto

La resolución judicial sostiene que uno de los primeros actos ejecutivos del presunto esquema ocurrió en la Región Metropolitana.

En particular, el tribunal establece que el 26 de julio de 2022 se suscribió en Santiago un contrato de arrendamiento “ideológicamente falso”, cuyo objetivo habría sido simular que la Fundación Democracia Viva tenía domicilio legal en la comuna de Ñuñoa.

Según detalla el fallo, ese domicilio fue posteriormente utilizado para tramitar el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 31 de julio de 2022, gestión realizada también en Santiago.

Aquello permitió posteriormente que la fundación pudiera comparecer ante la Seremi de Vivienda de Antofagasta como una entidad jurídicamente habilitada para recibir recursos fiscales.

Para Juan Mario Antonio Guzmán, este elemento modifica sustancialmente la interpretación del caso. “Con eso cambia el eje de la investigación a que el fraude al Fisco se ideó en la capital y se ejecutó en el norte”, plantea el analista judicial, quien insiste que la resolución instala un nuevo punto de partida respecto de la estructura operativa de Democracia Viva.

La decisión representa además un revés estratégico para la Fiscalía Regional de Antofagasta, que había consolidado el caso bajo la lógica de que los hechos centrales se originaron en esa región. Ahora, parte importante de la investigación deberá continuar bajo jurisdicción santiaguina, abriendo un nuevo escenario procesal.

Guzmán sostiene que el traslado no solo tiene implicancias territoriales, sino también efectos respecto de las garantías judiciales para los imputados. “Este traslado reordena el panorama de la imputación y garantiza a los imputados y futuros acusados un juicio oral con jueces imparciales”, señala.

El debate no es menor considerando el alto nivel de exposición política y mediática que tuvo el Caso Fundaciones en Antofagasta, región donde el escándalo impactó directamente al oficialismo y tensionó al Gobierno en plena crisis por transferencias a fundaciones.

Golpe periodístico regional

Cabe recordar además que el caso salió a la luz pública tras un reportaje realizado por el medio antofagastino Timeline. El escenario recuerda también otro episodio reciente vinculado al traslado de causas desde Antofagasta hacia Santiago.

Se trata de las gestiones impulsadas por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el contexto de diligencias relacionadas con la causa de desafuero que lo involucraba, instalando nuevamente el debate sobre la competencia territorial en investigaciones de alta sensibilidad política.

Estrategia del traslado de competencia

En términos jurídicos, la resolución podría marcar un precedente para futuras aristas del Caso Convenios. Si se consolida la tesis de que determinados delitos comenzaron a estructurarse administrativamente en Santiago antes de ejecutarse en regiones, otras investigaciones podrían enfrentar solicitudes similares de traslado de competencia.

Aunque el fallo no altera las imputaciones existentes ni implica absoluciones, sí modifica el mapa judicial del Caso Fundaciones. Y, al mismo tiempo, abre una discusión más profunda sobre cómo se construyen las competencias territoriales en delitos económicos y de corrupción con impacto nacional, pero ejecutados desde distintas regiones del país.