La agenda de seguridad pública que impulsa el Ejecutivo ha encontrado una dura resistencia al interior de sus propias filas parlamentarias en la zona norte. El diputado por la Región de Coquimbo, Bernardo Salinas Maya (PC), cuestionó de manera categórica el proyecto de ley del Gobierno que busca rebajar a 13 años la edad de responsabilidad penal juvenil, además de establecer que los menores de 16 y 17 años sean juzgados bajo los mismos estándares penales de un adulto. El legislador comunista advirtió que la iniciativa carece de un sustento técnico serio y que su tramitación responde más a presiones de la contingencia que a soluciones eficientes de fondo.

Para el representante del distrito regional, la propuesta del Gobierno central no solo carece de respaldo en la evidencia internacional comparada, sino que amenaza con agudizar el fenómeno delictual en los sectores más vulnerables de la provincia de Elqui, Limarí y Choapa. Salinas sostuvo que, lejos de desarticular o frenar las tasas de criminalidad en los barrios, la medida generará un efecto adverso e inmediato, facilitando que el crimen organizado y las bandas transnacionales modifiquen sus dinámicas de reclutamiento, cooptando a niños en rangos etarios cada vez más tempranos para evadir el control policial.

«No podemos hablarle a la galería cuando se trata de niños»

Pese a reconocer la gravedad de la violencia y la participación de adolescentes en delitos de alta connotación social que «duelen en el alma», el diputado Salinas emplazó al Ejecutivo a elevar el nivel técnico de la discusión parlamentaria. El legislador hizo un llamado urgente a frenar las respuestas impulsivas y a legislar basándose en datos científicos y no bajo consignas electorales. «Esta discusión es importante, relevante, y la vamos a tener que dar. Pero la vamos a tener que dar también con evidencia comparada, sin colocar los acentos en el populismo o hablarle para la galería, porque estamos hablando de niños y jóvenes», puntualizó el parlamentario coquimbano.

El nudo crítico del rechazo de Salinas radica en el destino carcelario de los menores. A juicio del legislador, ingresar a adolescentes al actual sistema penitenciario chileno —marcado por el hacinamiento y el control interno de bandas delictuales— significa «empujarlos aún más a la marginalidad» y acelerar su carrera delictiva. Salinas fue enfático en señalar que el Estado no puede transformarse en el catalizador que lleve a menores de edad a convivir en las mismas celdas o recintos con delincuentes avezados, convirtiendo de facto a las prisiones en auténticas «escuelas del crimen».

Exigencia de un plan estratégico integral contra las bandas

La postura expuesta por el diputado de la Región de Coquimbo redefine las fuerzas políticas en el Congreso frente a la agenda de orden público. Salinas insistió en que el combate efectivo contra la delincuencia infanto-juvenil no se soluciona quitando derechos constitucionales garantizados a los jóvenes, sino enfrentando las causas basales del problema a través de la reinserción escolar, la recuperación de espacios públicos en poblaciones críticas y el fortalecimiento de las policías en el control de armas.

Finalmente, el parlamentario oficialista endureció el tono con La Moneda y emplazó directamente al Ministerio del Interior a presentar una propuesta de combate al narcotráfico que aborde la raíz del problema en los puertos y fronteras, y no solo el eslabón final de la cadena de delitos. Salinas concluyó haciendo un llamado al Ejecutivo a enfrentar de una vez por todas el avance del crimen organizado en el país y en regiones estratégicas como Coquimbo «con un plan estratégico integral que, lamentablemente, hasta el día de hoy todavía no conocemos».