La Región de Antofagasta volvió a quedar en el centro del mapa nacional del narcotráfico. Desde marzo a la fecha, una cadena de procedimientos policiales y fiscales ha confirmado una tendencia que ya dejó de ser aislada: el territorio se consolidó como una zona estratégica para el ingreso, acopio, traslado y salida de grandes cargamentos de droga hacia el centro del país.

El dato grueso es elocuente: durante las primeras 24 semanas de 2026, Antofagasta acumuló 41,3 toneladas de drogas incautadas, superando incluso todo lo decomisado durante 2025, cuando la cifra anual llegó a 38,9 toneladas. En términos simples, la región ya sobrepasó en medio año lo que antes demoraba doce meses en incautarse.

El eje de los decomisos tiene una geografía clara: Calama, El Loa, Baquedano, Taltal, Ollagüe, Tocorpuri y San Pedro de Atacama aparecen como puntos reiterados en la ruta del tráfico. No se trata sólo de pasos fronterizos: también hay parcelas, camiones, vehículos menores, furgones, sectores de pampa y rutas interiores usadas para mover cargamentos de alto volumen.

 De marihuana a cocaína

En marzo, Carabineros y Fiscalía informaron dos procedimientos en las cercanías de Calama y en el sector de Baquedano, donde se incautaron 1.348 kilos de droga: 1.344 kilos de marihuana y 4 kilos de clorhidrato de cocaína. Ese mismo mes, el balance regional ya superaba las 18 toneladas decomisadas durante 2026, anticipando el salto que vendría durante abril, mayo y junio.

Ketamina por $55 mil millones

Uno de los procedimientos más importantes ocurrió a fines de abril, cuando Carabineros y Fiscalía decomisaron más de 4,6 toneladas de droga en la Región de Antofagasta. El cargamento incluía 4.695 kilos de marihuana y 64,8 litros de ketamina líquida, con un avalúo superior a los $55 mil millones. En ese operativo fueron detenidos cuatro extranjeros: tres ciudadanos colombianos y un ciudadano boliviano.

La propia autoridad policial describió ese caso como una organización criminal compuesta por ciudadanos colombianos, con participación de un ciudadano boliviano vinculado al transporte de ketamina. Ese punto es clave: la ketamina aparece cada vez con más fuerza junto a la marihuana, configurando un mercado criminal más diversificado y sofisticado.

En mayo, nuevos operativos en Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe permitieron incautar más de 2,7 toneladas de drogas. En el sector norponiente de Calama, la droga estaba oculta al interior de una parcela: 2.318 kilos de marihuana y 490 frascos de ketamina, equivalentes a 106 kilos. Hubo seis detenidos, cuatro chilenos y dos bolivianos.

El mismo mes, el Ministerio Público actualizó las cifras regionales: 32.858 kilos de droga incautada, un 196% más que a igual fecha del año anterior. La mayor parte correspondía a marihuana, con 26.661 kilos; luego aparecía ketamina, con 1.892 kilos; pasta base, con 859 kilos; otras drogas, con 233 kilos; y cocaína, con 207 kilos.

Presión fronteriza

En junio, la presión continuó. En Ollagüe, un control fronterizo permitió detectar 458 kilos de cannabis ocultos en un camión cisterna proveniente de Bolivia. El vehículo declaraba ingresar vacío al país, pero la fiscalización de Aduanas, PDI y Fiscalía de Calama permitió descubrir el cargamento.

Días después, Fiscalía y Carabineros informaron nuevos decomisos que elevaron el total regional a 41,3 toneladas. Entre los procedimientos recientes se incluyeron más de 2,3 toneladas de marihuana en Calama y en un sector fronterizo cercano a Tocorpuri, además de la detención de cuatro personas vinculadas al traslado de droga.

Acopio, custodia y distribución

El patrón que emerge no es menor: Antofagasta ya no aparece sólo como una región de tránsito, sino como una zona de acopio, custodia y redistribución. Las parcelas, camiones cisterna, furgones, vehículos de escolta y rutas interiores muestran una operación logística más compleja que el tráfico menor tradicional.

Las instituciones protagonistas han sido principalmente la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por el fiscal regional Juan Castro Bekios; Carabineros, especialmente OS7 y unidades territoriales; la PDI, a través de brigadas antinarcóticos y contra el crimen organizado; y el Servicio Nacional de Aduanas en controles fronterizos como Ollagüe.

También hay un flanco institucional delicado. En abril se conoció un caso de corrupción que involucró a funcionarios de la PDI en la provincia de El Loa, aunque no asociado directamente a estos decomisos de drogas, sino a la presunta apropiación de dinero y joyas incautadas en una causa vinculada al robo de cobre. Dos funcionarios quedaron en prisión preventiva. El antecedente importa porque instala una pregunta inevitable: mientras el crimen organizado aumenta su capacidad logística, las instituciones también deben blindarse frente a riesgos internos.

Hasta ahora, las fuentes públicas disponibles no permiten afirmar que haya funcionarios públicos detenidos por integrar redes de narcotráfico en estos procedimientos recientes.
Pero sí existe una señal clara: las policías y la Fiscalía están golpeando organizaciones criminales transnacionales y redes logísticas con participación de chilenos, bolivianos, colombianos y venezolanos en distintos operativos.

La lectura política y policial es evidente. La Región de Antofagasta enfrenta una presión fronteriza sostenida, con rutas extensas, baja territorial, presencia minera, conectividad hacia la zona central y pasos que son usados por organizaciones para mover droga, cigarrillos de contrabando, vehículos robados y armas.