El panorama político de la Región de Coquimbo enfrenta un nuevo y complejo remezón judicial tras revelarse los duros antecedentes de una declaración testimonial ante el Ministerio Público que apunta directamente al exdiputado por el Distrito 5, Juan Manuel Fuenzalida. La denuncia, realizada por su propia exjefa de gabinete ante la Fiscalía Oriente en el marco del caso que involucra al diputado Joaquín Lavín León, abrió una inédita arista penal que ha sido denominada públicamente como la «cuota Fuenzalida».

Según los antecedentes del caso, los hechos habrían ocurrido en la zona e involucran presuntos delitos de fraude al fisco y uso indebido de asignaciones parlamentarias provistas por la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque el proceso se encuentra en una etapa inicial de investigación y no existen responsabilidades penales judicialmente dictaminadas, la gravedad de los testimonios ha encendido las alarmas en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa, donde el exlegislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ejerció funciones durante dos períodos legislativos consecutivos.

El presunto mecanismo de la «cuota» en efectivo y el uso de la plataforma Socialtazk

De acuerdo con la declaración prestada ante la fiscal Constanza Encina, la exasesora relató que durante el año 2024 recibió un aumento en su remuneración mensual financiado con recursos fiscales del Congreso. Sin embargo, acusó que posteriormente se le exigía retirar dicho excedente en dinero en efectivo —montos que oscilaban entre los 350 mil y 400 mil pesos mensuales— para entregárselo personalmente al entonces diputado Fuenzalida durante las denominadas semanas distritales en la Región de Coquimbo, o bien mediante depósitos directos a su cuenta bancaria. El testimonio asegura que este mecanismo ilegal también habría afectado a otros integrantes del equipo del parlamentario en la zona.

A este presunto esquema de corrupción se suma una segunda arista que golpea directamente el trabajo territorial en la región: el uso de la plataforma digital Socialtazk. La denunciante afirmó que el equipo parlamentario en Coquimbo recibía instrucciones explícitas para recopilar masivamente datos personales sensibles de los ciudadanos (nombres, RUT y domicilios) durante las actividades en terreno bajo el pretexto de «organizar la ayuda social». No obstante, la exasesora constató que la base de datos fue presuntamente utilizada de manera irregular con fines estrictamente electorales y políticos para el envío de mensajería masiva durante la campaña de 2024, lo que abre interrogantes sobre el resguardo de la privacidad de los habitantes de la región.

Rotundo desmentido del exlegislador y duras reacciones en la zona

Tras la difusión de estos antecedentes, el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida rompió el silencio mediante una declaración pública donde negó de forma categórica cada una de las imputaciones. «Desconozco las razones por las que mi exjefa de gabinete pudo haber formulado acusaciones de ese tipo en mi contra, pero las niego categóricamente. Nunca, durante mis dos períodos como diputado, le solicité a ella ni a ninguno de mis colaboradores realizar pagos irregulares», enfatizó. Asimismo, Fuenzalida calificó como «burdas» las versiones que indican que ordenó destruir o arrojar teléfonos celulares a los baños del Congreso durante los allanamientos de fines de 2024, asegurando que ejercerá su derecho a defensa ante los tribunales correspondientes.

Las reacciones en el ambiente político de la Región de Coquimbo no se hicieron esperar ante un caso que daña la fe pública local. La diputada por la zona, Natalie Castillo, catalogó los antecedentes conocidos como «de la máxima gravedad», señalando que, de comprobarse los hechos por parte del Ministerio Público, se estaría frente a una traición flagrante a la confianza ciudadana y un claro mecanismo de malversación de recursos del Estado. Castillo hizo un llamado público a no permitir «dobles estándares ni defensas corporativas» en la región, exigiendo auditorías permanentes y un endurecimiento real en la fiscalización de los recursos destinados al trabajo parlamentario en los distritos. La Fiscalía cuenta ahora con pesquisas clave para determinar el destino de los fondos públicos asignados a la zona.