Ex Convencional Constituyente.

56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad recibieron rebajas de condena mediante decretos firmados por el Gobierno de José Antonio Kast. Una noticia que golpeó con fuerza a la opinión pública y que abrió una crisis política autoinfligida para una administración que hizo de la seguridad una de sus principales banderas.

Y es que, en poco más de siete meses, este Gobierno ha acumulado polémicas y controversias que han puesto en entredicho sus prioridades y su capacidad para conducir el país. Comenzó impulsando con urgencia una reforma tributaria que prometía crecimiento y empleo, pese al complejo escenario económico actual; días después, surgieron cuestionamientos por sus planteamientos respecto de programas sociales, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar. A eso se sumaron las dificultades en los nombramientos de seremis, las salidas de sus ministros y un proyecto de Presupuesto 2027 que amenaza con afectar programas tan relevantes como Yo elijo mi PC.

El panorama ya era complejo. Sin embargo, algunos esperaban que el Gobierno encontrara un rumbo al comenzar a tramitar sus iniciativas en materia de seguridad, el área en la que prometió tener respuestas para los principales problemas del país. Pero incluso allí aparecieron nuevas controversias, como la propuesta de establecer un estado de excepción por ocho meses, que terminó siendo retirada entre gallos y medianoche.

Y cuando parecía que las dificultades no podían escalar más, conocimos los 56 decretos que rebajaron las condenas de personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores de edad.

Cuesta comprenderlo. El Gobierno que prometió mano dura, que hizo de la seguridad su principal sello y que instaló la idea de que tenía todas las respuestas frente a la delincuencia, terminó protagonizando una controversia que toca una de las fibras más sensibles de nuestra sociedad: la protección de niños, niñas y adolescentes.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, decidió conceder estas rebajas amparándose supuestamente en su interpretación de la legislación y de los criterios establecidos por la Corte Suprema, desatendiendo el tenor literal de la ley. Sin embargo, no se trataba de órdenes judiciales dictadas específicamente para cada uno de estos casos. Fue el propio ministerio el que resolvió las solicitudes, adoptando un criterio que sus antecesores no habían aplicado de la misma manera.

Ahí está el centro del problema político. No basta con invocar la ley para dar por cerrado un debate sobre decisiones que tienen consecuencias concretas para las víctimas y sus familias. Menos aún cuando existían antecedentes y criterios distintos que exigían, al menos, una evaluación rigurosa de las implicancias de actuar de esa manera.

Atrás quedaron los eslóganes, los escudos, los videos del Capitán América y las promesas de mano dura. Cuando el país esperaba que el Gobierno pusiera en el centro la protección de las víctimas, la decisión de su ministro de Justicia terminó beneficiando a condenados por delitos sexuales contra menores. Las consecuencias de esta determinación merecían una explicación clara, no una sucesión de excusas como las que  hemos escuchado.

Durante estos días se han levantado argumentos para justificar lo ocurrido, referencias a las decisiones de gobiernos anteriores y cuestionamientos a quienes no modificaron oportunamente la legislación. Pero eludir la responsabilidad propia apuntando a otros no resuelve el problema. La discusión sobre los cambios legales que se requieren puede darse; lo que no corresponde es utilizarla como una forma de evitar las explicaciones sobre las decisiones que ya se tomaron.

Como ha planteado el exministro Luis Cordero, la interpretación de Rabat debe examinarse a la luz del texto y del propósito de la ley aprobada por el Congreso. La controversia jurídica puede ser atractiva para una clase de derecho penal en alguna universidad, pero hay algo que no debiera perderse de vista: cuando una decisión pública provoca consecuencias de esta magnitud, la responsabilidad política no desaparece detrás de una interpretación legal, mucho menos una antojadiza como esta.

Quizás lo más preocupante sea, precisamente, la dificultad del Gobierno para reconocer los costos de sus propias decisiones. Una autoridad puede equivocarse; lo que distingue una conducción responsable es su capacidad para revisar lo hecho, corregir cuando corresponda y asumir las consecuencias. Persistir en la defensa de una decisión sin hacerse cargo de sus efectos solo profundiza la desconfianza.

En los próximos días probablemente escucharemos nuevos anuncios legislativos, veremos propuestas para modificar los procedimientos y asistiremos a más explicaciones de las autoridades. También veremos a la delegada presidencial y al seremi de Gobierno defendiendo decisiones difíciles de explicar, como ya ocurrió con la propuesta de extender el estado de excepción. Pero ninguna modificación legal ni campaña comunicacional puede borrar lo sucedido.

Y en Atacama, donde la seguridad ocupa un lugar central en las preocupaciones de las familias, cabe preguntarse qué sentido tienen las reuniones de los comités policiales de los lunes encabezados por la seremi de Seguridad, las rondas de fiscalización o los encuentros con juntas de vecinos, si el propio Gobierno decidió liberar a 56 violadores y abusadores, cuando  más debió defender a la ciudadanía.

La seguridad no se construye con eslóganes, videos ni fotografías de autoridades en terreno. Se construye con decisiones coherentes, instituciones que respondan y un Estado que sea capaz de poner a las víctimas en el centro de sus actuaciones.

Porque, al final, la pregunta no es cuántas veces el Gobierno repita que está del lado de las víctimas. La pregunta es qué hace cuando tiene la oportunidad de demostrarlo.

Y en este caso, su actuación dejó una herida profunda en la credibilidad de una de sus principales promesas, ese es el resumen de esta polémica, más  allá  de cualquier sobre interpretación que se use para defender lo indefendible.