Dos acciones impulsadas por diputados del norte aumentaron la presión sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Mientras Jaime Araya, independiente de la bancada PPD y representante de Antofagasta, solicitó invalidar administrativamente los decretos, Juan Santana, diputado socialista por Atacama, recurrió a la Fiscalía para que investigue eventuales responsabilidades penales.

La presentación de Araya, respaldada por parlamentarios de la bancada PPD-Independientes, busca revisar la legalidad de los actos suscritos por Rabat y otras autoridades de Justicia, especialmente aquellos que beneficiaron a condenados por graves delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y delitos vinculados al crimen organizado.

Invalidación administrativa y acusación constitucional

“Vengo a entregar al ministro de Justicia una solicitud de invalidación administrativa de los decretos que él ha firmado”, señaló el parlamentario. Araya sostuvo que el Gobierno dispone de una herramienta jurídica para revisar esas decisiones sin esperar la aprobación de una nueva ley.

El diputado invocó el artículo 53 de la Ley N.º 19.880, que permite invalidar actos administrativos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado y dentro de los dos años siguientes a su notificación o publicación. Su aplicación exige determinar la ilegalidad de los actos y cumplir el procedimiento correspondiente, por lo que la presentación no revierte automáticamente los beneficios.

Araya centró su emplazamiento en la protección de las víctimas y en los antecedentes sobre riesgo de reincidencia de algunos beneficiados. “Los informes técnicos no son opiniones”, afirmó. También pidió al presidente José Antonio Kast convocar una instancia especial de coordinación para identificar y ubicar a estas personas, y evaluar las medidas que corresponderían si los decretos quedan sin efecto.

El representante de Antofagasta abrió, además, la posibilidad de una acusación constitucional contra Rabat, aunque aclaró que se trata de una evaluación personal y no de una decisión adoptada por su bancada. “A título estrictamente personal, yo creo que aquí se configuran los elementos para una acusación constitucional”, expresó.

Denuncia a la Fiscalía por prevaricación administrativa

Desde Atacama, Juan Santana (PS) concretó otra vía de fiscalización. El 26 de octubre presentó, junto con el diputado Luis Cuello (PC), una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra Rabat y el subsecretario de Justicia, Luis Silva, por presunta prevaricación administrativa. La acción solicita investigar si las autoridades dictaron resoluciones contrarias a las restricciones legales para conceder rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Los denunciantes cuestionan que el Ministerio haya concedido los beneficios amparándose en una interpretación sobre la aplicación temporal de la ley y en criterios de eficiencia administrativa para evitar litigios. La denuncia busca establecer eventuales responsabilidades penales y no implica que se haya acreditado la comisión de un delito.

La presión desde el norte también incluye al diputado por Coquimbo Daniel Manouchehri (PS), quien informó que sus equipos jurídicos estudian una acusación constitucional contra Rabat. El legislador sostiene que existen indicios de que se dejaron sin aplicación prohibiciones legales al otorgar las rebajas, lo que, a su juicio, podría comprometer la responsabilidad constitucional del ministro.

Por Atacama, Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), también cuestionó los beneficios y su coherencia con las promesas de seguridad del Ejecutivo. El parlamentario calificó políticamente las reducciones como un “indulto parcial”, aunque el mecanismo en discusión corresponde a rebajas de condena reguladas por la legislación penitenciaria.

Rabat ha defendido que las decisiones respondieron a la legislación vigente, al principio que impide aplicar retroactivamente normas penales desfavorables y a criterios de la Corte Suprema. Esa interpretación es controvertida por los parlamentarios que promueven revisar los decretos y determinar si se vulneraron las prohibiciones legales.

Las acciones parlamentarias se desarrollan mientras Kast mantiene su respaldo al ministro.

El 26 de octubre, el mandatario reconoció un error en las rebajas, pero encargó a Rabat encabezar las soluciones. Su continuidad mantiene abierto el debate sobre las consecuencias políticas de decisiones que tensionan el compromiso gubernamental de reforzar la seguridad y priorizar a las víctimas.

Castillo exige la renuncia de Rabat

A las críticas se sumó la diputada Nathalie Castillo (PC), representante del Distrito 5 de la Región de Coquimbo, quien exigió la salida inmediata del ministro de Justicia, cuestionando su responsabilidad política por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos.

“Lo que está ocurriendo bajo la responsabilidad del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, es gravísimo. Estamos hablando de decisiones que afectan casos tan delicados como los de abusadores sexuales de niños y niñas y condenados por crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa”, sostuvo.

La parlamentaria también emplazó al presidente José Antonio Kast a remover al secretario de Estado, asegurando que los hechos contradicen las promesas de seguridad del Ejecutivo. “Son errores graves que no pueden quedar sin consecuencias”, afirmó.

Situación de los «beneficiarios»

La controversia comenzó por 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores —27 por abuso sexual y 29 por violación—, aunque el vocero subrogante de Gobierno, Gonzalo Arenas, elevó posteriormente la cifra a 57 beneficiados y afirmó que, hasta donde tenía conocimiento, todos estaban en libertad.

A estos casos se suman tres condenados por violaciones a los derechos humanos —César Acuña Luengo, Miguel Arias Navarrete y Manuel Cabezas Pérez—, quienes también salieron de prisión tras las reducciones de sus penas.

Además, recibieron rebajas tres venezolanos condenados por robo con intimidación y delitos de armas tras extorsionar a mujeres en La Serena: Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi quedaron libres en septiembre, mientras que Franyorkin Aramburu Hernández tenía fijada su salida para marzo de 2027; aunque se presentaban como integrantes del Tren de Aragua, esa pertenencia no fue acreditada judicialmente.