Inicialmente, se identificaron como afectados la Escuela D-37 “República de Bolivia” y el Liceo Eleuterio Ramírez. Serían 8 los establecimientos comprometidos por esta situación, lo cual ha afectado a los estudiantes debido a la suspensión de clases. 

Según padres y apoderados, los cortes habrían sido ocasionados por el no pago del servicio eléctrico por parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur. Ante ello, el diputado Castro ofició directamente al SLEP y al Ministerio de Educación.“Tenemos la sospecha de que estos problemas administrativos incluso pueden ser una especie de bicicleta de dinero, que hacen que estén en todo momento con el perjuicio de poder cortárseles la luz, no queremos que esto siga pasando y, obviamente, vamos a estar defendiendo siempre, lo primero, que es la educación de nuestros estudiantes”, añadió.

A esta crisis por el suministro eléctrico se suma ahora una preocupante situación con el agua potable. Según boletas emitidas en mayo por Aguas Antofagasta, siete establecimientos educacionales de Calama presentarían deudas que superan los $33 millones, algunas de ellas heredadas de la administración anterior (COMDES), pero mantenidas e incluso incrementadas bajo el mandato actual del SLEP Licancabur. Entre los casos más graves están el Liceo Francisco de Aguirre ($9.513.560) y la Escuela Pedro Vergara Keller ($7.371.740), ambos con altos intereses por mora. En el caso de la Escuela Presidente Balmaceda, la boleta incluso advierte de un “corte en trámite”, lo que podría dejar sin acceso a agua potable a toda la comunidad escolar.

Ante esta grave situación, el parlamentario ofició formalmente al Director Ejecutivo del SLEP Licancabur, al Superintendente de Educación, al Ministerio de Educación, a la Seremi de Educación de Antofagasta y al Delegado Presidencial Provincial de El Loa, solicitando:

Iniciar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades administrativas, restablecer a la brevedad el suministro eléctrico y de agua potable en los establecimientos afectados, implementar medidas de urgencia para garantizar la continuidad del proceso educativo, transparentar la situación financiera del SLEP y establecer mecanismos de control que eviten la repetición de estos hechos.

El diputado Jaime Araya comentó: “Hay una crisis grave, por lo tanto, exigimos la presencia del ministro a la brevedad en Calama y además, que el director nacional de educación pública instruya sumario y suspenda de funciones al director del SLEP por las graves negligencias que están ocurriendo en Calama. Nadie tiene derecho a poner en riesgo la educación de niños, niñas y adolescentes de Calama”