El informe de carácter reservado lleva casi dos años expuesto, tras el hecho que gatilló la causa judicial en el año 2020, cuando tres hombres fueron detenidos por el tráfico de 1,5 kg del explosivo plástico C-4, en la ciudad de Valparaíso. De acuerdo con BBCL, se trataba de artefactos de uso bélico, empleados principalmente para demoliciones. Los materiales portados por el grupo solo pueden ser manejados por personal calificado debido a la peligrosidad que suponen.  

La situación comienza luego que la Armada descubriera que dichos materiales explosivos estaban siendo comercializados a través de Whatsapp, tras iniciar una investigación para dar con los involucrados, obtienen como resultado la detención de tres personas, una de ellas, Joel García Cepeda, parte de la misma institución.

Tras la detención, la fiscalía solicitó información al organismo y desde ahí se fue gestando la recaudación de archivos que terminarían expuestos en Internet. El oficio que hicieron llegar a la fiscalía en julio del 2020 tenía la etiqueta de “secreto” y estaba firmado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Guillermo Lüttges Mathieu, según la investigación de Radio Bío Bío, en la carpeta se encontraría la ubicación exacta de 515 explosivos C-4, correspondientes al mismo lote comercializado en Valparaíso.  

Desde el 6 de octubre de 2021 se pueden encontrar los documentos de manera online en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, incluyendo los de carácter reservado. De acuerdo con BBCL, la Armada admite el riesgo que el hecho supone para la seguridad nacional y tras tomar conocimiento de la investigación, ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de la filtración.  

Por su parte, desde fiscalía, respondieron que la Armada debió considerar la relevancia de la información entregada y el peligro que sostenía para la seguridad publica antes de facilitar los documentos como medio de prueba, de esta forma, se hubiera iniciado un proceso de solicitud a través de un ministro de la Corte de Apelaciones. 

Contrariamente a las declaraciones de la fiscalía, la ley indica que al tratarse de información de carácter secreto, el persecutor debió tomar medidas para evitar la filtración, que en este caso, se ha mantenido por 1 año y 8 meses. Por otro lado, los individuos detenidos en el año 2020 están próximos a su juicio oral a realizarse el 17 de julio.